De esta forma el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantendrá el impuesto en los mismos términos que el borrador que manejaba la Comisión Europea en el debate para la implantación de este impuesto.

Sin embargo, ante la falta de consenso para la creación de este tributo a nivel comunitario, para lo que se necesita la unanimidad de todos los países, Alemania y Francia han presentado una propuesta en la que se reduce a la publicidad online la aplicación del tributo, descartando los otros dos ámbitos contemplados inicialmente.

En la rueda posterior a la reunión de los ministros de Economía de los estados miembro, Calviño lamentó la “menor ambición” de la propuesta presentada por Alemania y Francia, aunque indicó que ésta permite “ir más allá” a los países que lo deseen en su ámbito nacional, por lo que no hay “ninguna razón para cambiar la hoja de ruta”.

Sobre la propuesta de Francia y Alemania, sobre la que varios países han pedido tiempo para poder estudiarla, Calviño detalló que es una propuesta para avanzar a corto plazo, planteando una definición más restrictiva para llegar a un acuerdo en marzo de 2019.

El pasado 19 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de este impuesto, que ya fue incluido en el Plan Presupuestario de 2019 que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea el 15 de octubre, pero aún tiene que ser aprobado por el Congreso de los Diputados.

En la propuesta del Gobierno, este nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España. La estimación de recaudación detallada en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas prevé unos ingresos de 1.200 millones de euros en 2019.