Estas organizaciones, que conforman el Observatorio del Sector y del Empleo del VII Convenio de la Dependencia, destacan que a 31 de octubre de 2018 en España había 867.187 personas beneficiarias de grados II y III (grandes y severos dependientes). De ellas, 759.853 son beneficiarias con prestación reconocida y 107.334 están pendientes de recibirla (el 12,38%).

Estas cifras indican un empeoramiento respecto a 2014, cuando se contabilizaban 89.012 personas con grados II y III pendientes de recibir prestación, indicó CCOO en una nota de prensa, lo que supone un crecimiento del 20,58% en cuatro años o, lo que es lo mismo, un empeoramiento anual del 5%.

Según el sindicato, todo esto es consecuencia "del brutal recorte económico que afecta al número de personas pendientes de recibir prestación en el período 2014-2018".

LEY DESVIRTUADA

En la actualidad, añade el informe, 396.225 personas (el 31,07% de las prestaciones reconocidas) reciben la cuantía establecida para los cuidados familiares.

El porcentaje restante se divide entre la Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal (51.251 personas, 4,02%), teleasistencia (215.084 personas, 16,87%), ayuda a domicilio (226.324 personas, 17,75%), centros de día o de noche (93.956 personas, 7,37%), atención residencial (162.885 personas, 12,77%), prestación vinculada al servicio (122.748 personas, 9,63%), y asistente personal (6.706 personas, 0,53%).

CCOO denunció que el reparto de los recursos pone de manifiesto que "lo que en todo momento se articuló como una ley de servicios profesionales, se ha visto desvirtuada en la práctica con la remisión a la realización de cuidados en el entorno no profesional".

Y agregó que en términos absolutos, las prestaciones económicas en el entorno familiar han vuelto a aumentar desde septiembre de 2014. Aunque el dato no es significativo, concluye, "genera inquietud que se vuelva a implantar un espíritu contrario al de la ley".