Martínez-Aldama defendió, durante su intervención en unas jornadas sobre el Pacto de Toledo organizadas por 'El Nuevo Lunes' y la Fundación Axa, que "en España el modelo de reparto -pensiones públicas- no ha funcionado y el tiempo se agota" para plantear una reforma que garantice prestaciones suficientes para la hora del retiro.

A su juicio, la solución pasa por articular de manera "imprescindible" un sistema equilibrado donde convivan las pensiones públicas con la contratación de planes individuales por parte de los ciudadanos, y en el seno de las empresas, como existe en la gran parte de países de la OCDE donde la mayoría de ciudadanos cobra dos prestaciones: una pública y otra privada.

A título de ejemplo detalló el éxito de la prestación complementaria en Holanda, Suecia o en Reino Unido, donde el régimen es de contratación obligatoria o cuasiobligatoria para las compañías. En este sentido, detalló que en el mercado británico solo un 9% de los trabajadores rechaza tal cobertura, mientras que en España sólo un 6% de los trabajadores disfrutan de programas similares en sus compañías.

Martínez-Aldama admitió la dificultad de tomar decisiones de gran calibre por parte del Pacto de Toledo, porque "el momento político no es bueno" y "la población va envejeciendo y, por tanto, la posibilidad de aceptar reformas por parte de los votantes va encontrando resistencia a medida que se acerca la edad de jubilación".

SI NO SE HACE NADA HABRÁ MAS DEUDA O DÉFICIT

"El tema de pensiones hay que sacarlo del debate político, las elecciones no deberían ser una excusa para el trabajo del Pacto de Toledo", apostilló, recordando que las reformas comprometen además muchos años de aplicación, por lo que el tiempo juega además a contrarreloj.

Si no se hiciera nada, indicó que el coste para mantener las prestaciones se disparía. Apoyándose en un estudio de la Universidad de Valencia, indicó que para mantener la actual cobertura en 2030 sería necesario acometer un esfuerzo fiscal equivalente al 1,8% del PIB, emitir un volumen de deuda extra equivalente al 23% del PIB o asumir una pérdida anual del valor adquisitivo de las pensiones del 3%.

En el mismo sentido, recordó que el FMI ya ha cifrado en entre el 3 y el 4% del PIB el coste de romper con la reforma del año 2013 y que varios organismos, entre los que figuran el Banco de España, la OCDE o Fedea, han avisado de que vincular la actualización de las pensiones al IPC obligará a asumir cargas adicionales en deuda o impuestos.

Martínez-Aldama reclamó por otro lado al Gobierno que cumpla con el mandato legal e informe a los españoles de sus derechos de pensión en el momento de la jubilación para concienciar sobre el problema y que contraten productos de ahorro.

Indicó que se va a dar la paradoja de que 1,2 millones de personas, las que trabajan en empresas con planes de pensiones construidos en su favor, sabrán dichos cálculos porque así lo obliga una directiva europea en proceso de transposición, y no los 22 millones restantes.