La crisis dejó reducida a una docena las alrededor de 60 entidades financieras existentes antes de detonar en sus balances el excesivo ladrillo adquirido en plena fiebre inmobiliaria, llevándose por delante a una mayoría de cajas de ahorros, y agravando la recesión económica.

A fecha actual el coste de las ayudas inyectadas en el sector asciende a 64.349 millones de euros netos, conforme a datos de cierre de 2017 del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y del Fondo de Garantía de la banca.

Ambos vehículos emplearon más de 77.700 millones, después de pedir incluso el rescate a Europa, y solo se han recuperado 5.150 millones aunque el Frob confía en obtener otros 9.857 millones de su inversión en BFA-Bankia.

Se espera que el dictamen de la comisión presidida por Ana Oramás esté listo para su debate y discusión en el Pleno a final de año, poniendo así el broche a casi año y medio de comparecencias de los máximos responsables del Ejecutivo, organismos supervisores nacionales e internacionales o los primeros espadas de los bancos.

INVESTIGACIÓN DE LO OCURRIDO DESDE EL AÑO 2000

La constitución de comisión se acordó el 22 de febrero de 2017, arrancó su primera intervención el 25 de julio con los exgobernadores del Banco de España, Jaime Caurana y Luis María Linde, y cerraró la intensa rueda de testimonios el 6 de septiembre pasado el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, tras pasar por allí casi un centenar de comparecientes.

Por su seno han pasado los máximos responsables del ministerio de Economía, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en más de una década, e incluso de la presidenta de la Junta Europea de Resolución (JUR), junto a los primeros gestores de bancos y antiguas cajas, el cuerpo de inspectores del Banco de España, dirigentes de Sareb y el Frob, así como presidentes y técnicos de las firmas de auditorías.

En sus intervenciones hubo poca autocrítica y la mayoría excusó que nadie, ni los organismos internacionales, auguraban una crisis tan severa. Muchos, sobre todo responsables de los organismo supervisores, lamentaron la falta de herramientas y útiles para atajar problemas y reconducirlos tanto cuando se incubaba la burbuja inmobiliaria como cuando su pinchazo amenaza con desestabilizar a las entidades.

Solo los inspectores acusaron falta de decisión para corregir el problema, ya que los auditores y gestores bancarios defendieron que cumplían en todo momento la normativa vigente y que fue, precisamente, el fuerte e incesante incremento de los requisitos de provisiones y capital lo que acabó llevando al borde del precipicio a la mayoría de entidades.

REFORZAR LA SUPERVISIÓN

El dictamen que ahora enfrenta la comisión parlamentaria de investigación se aborda después de que los grupos políticos elaborasen el suyo propio.

En esas primeras conclusiones coincidieron en que los gobiernos, primero de José Luis Rodríguez Zapatero, y de Mariano Rajoy después, así como el Banco de España pudieron hacer más para minimizar las consecuencias de la crisis, y los anteriores y el supervisor para haber frustrado la burbuja.

Entre otras recetas varios grupos políticos coinciden en la necesidad de reformar y reforzar el Banco de España y la CNMV para que aborden la supervisión de solvencia y de conducta de mercado con mayor eficiencia; y reformular las sanciones a gestores de entidades o mejorar los mecanismos de intervención en entidades y resolución.

Otra de las medidas apuntadas en los informes de los grupos parlamentarios es que se obligue a las entidades financieras a corregir su posicion en litigios sobre productos bancarios, de seguros u operativa de inversión cuando el departamento de quejas de los supervisores da la razón al cliente.

Antes de contar con el dictámen final, el Gobierno ha comenzado a dar pasos en esa dirección con el anuncio de una autoridad de defensa del cliente de servicios financieros gratuito y cuyas resoluciones serán vinculantes.

El ministerio de Economía trabaja además en la creación de una autoridad macroprudencial que deberá analizar los riesgos y tendrá capacidad de lanzar alertas para reconducirlos.

En el marco de la creación de esa institución reforzará además las competencias del Banco de España dotándole de autoridad para limitar exposiciones de riesgo por sectores o incluso en crédito en función de las rentas del cliente o el valor de la garantía aportada.