El Gobierno desatasca la ley del canal de denuncias anónimas en la CNMV y Banco de España
- Aprueba una ley ómnibus para evitar sanciones de Bruselas por la trasposición de varias directivas fuera de plazo
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El Consejo de Ministros aprobó este viernes acelerar las normativas que regulan el canal de denuncias anónimas sobre abusos de mercado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, según informó la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá.
En su exposición, Celaá subrayó que, pese a ser "una cuestión compleja" con "mucho impacto" para combatir el abuso de mercado en el caso de la CNMV, su regulación no se había completado por falta de trasposición de la directiva europea sobre la materia que debía haberse incorporado al ordenamiento jurídico español antes de julio de 2016.
En el Banco de España se abrirá, gracias a las nuevas leyes, un canal similar para comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia.
Estas reglas se incorporan, de hecho, dentro de un decreto ley ómnibus que el Gobierno aprueba para, precisamente, desatascar la trasposición de distintas directivas europeas, cuyo plazo ha vencido y por las que Bruselas amenaza con multas que "en estos casos suelen ser muy altas", indicó.
El Gobierno tendrá que rendir cuentas, como el resto de países, del grado de adopción de las normativas europeas el próximo mes de diciembre. "Ahí íbamos a quedar muy mal", indicó Celáa.
La portavoz del Gobierno criticó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encontró con 37 directivas sin trasponer a su llegada al ejercicio de poder y "muchas estaban judicializadas"; con amenaza de multas por partes de Bruselas, por lo que reivindicó el trabajo "muy fino y profundo" del Ministerio de Economía para acelerar el proceso.
SERVICIOS DE PAGO
En el decreto ley anunciado el Ejecutivo incorpora una trasposición parcial de la directiva sobre servicios de pago en el mercado interior cuyo plazo de trasposición venció en enero de 2018.
Con dicha norma se busca regular las nuevas fórmulas para los servicios de pagos como pueden ser a través de los sistemas de telefonía, móviles o por internet para darles garantías, y en beneficio de los consumidores.
Entre otras medidas dicha norma refuerzan además los derechos de los clientes, al reducirse a 50 euros la responsabilidad del ordenante por las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas a raiz del robo o sustracción del instrumento de pago; y reduce los plazos de resolución de reclamaciones a 15 días.
Por otra parte se amplía el ámbito de la regulación para dar cabida a dos nuevos servicios de pago: los iniciadores de pagos, intermediarios que garantizan el abono del consumidor al comerciante como alternativa a los pagos con tarjeta, y regula los agregadores que permiten recoger en una sola aplicación cuentas en distintas entidades.
Otra directiva que traspone se refiere a solvencia de las entidades financieras que, aunque se consideraba traspuesta, la Comisión Europea inició el pasado año un proceso de infracción por considerar que estaba incompleta.
SE ACTUALIZAN LAS COMPETENCIAS DE LA CNMV
Entre las normas aglutinadas figuran otras que actualizan las competencias de supervisión, inspección y sanción de la CNMV en materias de incumplimientos sobre los índices de referencia, seguros, transparencia en operaciones de financiación de valores o productos de inversión minoristas empaquetados.
(SERVIMEDIA)
23 Nov 2018
ECR/gja