Así lo indicó durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde señaló que “si hay una discrepancia sobre una política pública, como en este caso, que nosotros pensamos que es excelente para la mejora de la calidad del aire y la Comunidad de Madrid dice que no, defenderemos nuestra posición”.

En este sentido, recordó que la autonomía municipal está reconocida en la Constitución Española: “De lo que estamos hablando es de acotar una zona de bajas emisiones en la ciudad de Madrid, que es una competencia estrictamente municipal”.

“Ni hay ni puede haber discusión, entre otras cosas, porque las áreas de prioridad residencial que se hicieron en la ciudad de Madrid se hicieron como una política pública directa del Ayuntamiento de Madrid, porque estamos hablando de cómo se regula la movilidad en una zona de la movilidad de Madrid”, añadió.

En todo caso, la portavoz municipal apuntó que “no sacamos nada” de un conflicto político con la Comunidad de Madrid “más que una enorme dosis de recursos humanos y administrativos para aplicar una directiva europea que nos obliga a tomar medidas”.

MULTA EUROPEA

Además, señaló que existe un requerimiento por incumplimiento de esa directiva que ha sido incumplida durante muchos años y, por tanto, “tenemos sobre nuestra cabeza la amenaza de una multa que, si no se hace algo por cambiarla, nos va a caer a todos los madrileños y que van a pagar los madrileños y los españoles”.

Por tanto, continuó, “creo que lo que va a suceder razonablemente es que nosotros vamos a seguir adelante aplicando unas medidas que están ordenadas desde la UE y están aprobadas con todos los trámites preceptivos, toda la documentación y todo el debate político dentro del Plan A de Calidad del Aire y la Ordenanza de Movilidad”.

Por ello, remarcó que van a seguir adelante y deseó que la Comunidad de Madrid “se sume al resto administraciones en un reto que es fundamental en las ciudades del siglo XXI, que es reducir la contaminación”.

PIDE COHERENCIA A LA COMUNIDAD

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid comentó que vivimos en un Estado donde “hay distintos niveles administrativos que tienen que ser coherentes entre sí, aunque a veces se producen disfunciones que no ordenan de arriba a abajo las políticas”.

En este caso, añadió, están el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de España y la Unión Europea “coherentemente ordenadas en una dirección”, que es en la de la directiva europea que obliga a trabajar en la calidad del aire en las ciudades. “De esa obligación tenemos que hacernos responsables todas las administraciones”, remarcó.

En este sentido, lamentó que en este momento “hay dos administraciones (Gobierno central y Ayuntamiento) trabajando en esta línea y hay una tercera (Comunidad de Madrid) que está trabajando en otra, que es menos coherente con esa directiva”. “Son la excepción que trabaja en la línea contraria a la que trabajamos los demás”, lamentó.

SABANÉS EN EUROPA

Respecto al viaje de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, para pedir amparo en Europa ante los recursos del PP, Maestre comentó que “cuando las cosas se hacen bien, uno debe esperar el fallo a favor de los tribunales, por lo que debemos confiar en el amparo de los tribunales”.

“Precisamente esos tribunales son los que llevan años amenazando a España con sanciones por no aplicar las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire en la ciudad de Madrid”, concluyó la portavoz del Ayuntamiento.