Así lo indicó la directora de la AEPD, Mar España, en un encuentro informativo en la sede de la propia agencia. Estas declaraciones se producen después de la polémica originada por la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que propone el texto del proyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) aprobado por el Senado, con el que la legislación española se adapta al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Según esta modificación, se propone la inclusión en la Loreg del artículo 58 bis para la “utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales”; en base al cual “los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral”.

Asimismo, el artículo indica que el envío de propaganda electoral vía electrónica “no tendrá la consideración de actividad o comunicación comercial”. Esta recopilación de información, según el texto, se realizará siempre que se “ofrezcan las garantías adecuadas” y se facilite al ciudadano “un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición”.

SANCIONES DE HASTA 20 MILLONES

Sobre ello se pronunció este jueves Mar España, quien incidió en que, de acuerdo a la interpretación que realiza la AEPD, como garante y regulador de protección de datos, “no se permite a los partidos políticos perfilar datos ideológicos, sexuales, de religión o de cualquier otro tipo que los ciudadanos estén dando a través de su comportamiento en Internet o a través de las redes sociales”. Además, “tampoco se permite el envío de publicidad o propaganda electoral adaptada a un perfil ideológico”.

Por este motivo, la directora de Protección de Datos aseguró que la agencia será “extremadamente vigilante” con los partidos políticos y será “rigurosa” en la aplicación de la normativa, y recordó que las formaciones que lo incumplan “pueden ser sancionadas hasta con 20 millones de euros”. España manifestó que está en contacto con la Junta Electoral Central “para poder trabajar conjuntamente en la interpretación de las garantías”.

Sobre el envío de propaganda electoral, la directora de la AEPD explicó que los ciudadanos podrán recibirla a través del móvil o el correo electrónico “igual que en el buzón de su casa”, pero “nunca personalizada”, y matizó que los partidos deben “garantizar siempre el derecho de oposición de una forma clara, sencilla y accesible”.