Así se expresó Ábalos en el Pleno de la Cámara Baja, durante el debate de convalidación del real decreto ley de medidas urgentes en materia de carreteras, normativa que ha recibido el único rechazo del PP.

Este decreto incorpora una disposición para dar un título habilitante a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) para que pueda cobrar peajes en las autopistas que han revertido al Estado a partir del 1 de enero de 2019.

Precisamente, este punto es el principal argumento del PP para rechazar este decreto, ya que según explicó el diputado Miguel Barrachina, permite “abrir la puerta a que el Gobierno, con un acuerdo del Consejo de Ministros, pueda cobrar peajes en todas las autopistas cuando termine su concesión”, algo que fue negado por el ministro.

Por su parte, el portavoz del PSOE en materia de carreteras, César Ramos, denunció que el voto en contra es de aquellos que “quieren Dar el beneficio de las rescatadas a las empresas privadas”. “Cualquier voto en contra solo tiene un motivo: pensar en las empresas privadas por encima de los ciudadanos”, sentenció.

Por otro lado, el decreto sube hasta un máximo de 300.000 euros las sanciones a las concesionarias de autopistas que incurran en negligencias que perjudiquen a los usuarios, tal y como ocurrió durante el fin de semana de Reyes de este año. Hasta ahora la sanción máxima por este tipo de situaciones asciende a 15.000 euros, cuantía que en este decreto pasa a ser la mínima. De hecho, esta ha sido la sanción impuesta finalmente a las concesionarias por los problemas del puente de Reyes.

Asimismo, el real decreto establece también la utilidad pública de todos los proyectos de carreteras, para facilitar los trámites de expropiación, al darles carácter de urgencia.

Por último, el nuevo decreto da potestad al Ministerio para obligar a los camiones a circular por determinadas autopistas, por criterios de seguridad o medioambientales, para reducir el tráfico en carreteras alternativas, recibiendo una compensación por parte de Fomento.

El ministro, tras asegurar que su intención no es “sacar a los camiones de las carreteras”, destacó que esta medida ha demostrado su eficacia en los tramos donde ha sido implantada reduciendo la siniestralidad. “Se trata de dar cobertura jurídica a este tipo de medidas para dar continuidad a una iniciativa que implantó el anterior Gobierno”, concluyó.