Así lo dijo Montero durante el Pleno del Congreso de los Diputados en el que defendió la convalidación de la norma, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de noviembre, tras la controversia ocasionada por la decisión del Tribunal Supremo de que los clientes de las hipotecas siguieran pagando el impuesto, dando así marcha atrás a la sentencia dictada en octubre por el mismo tribunal en la que establecía que el impuesto debían asumirlo los bancos.

La ministra comenzó su intervención diciendo que en el Gobierno “respetamos escrupulosamente las decisiones judiciales” pero ello “no impide que como poder ejecutivo tuviésemos la responsabilidad de aquilatar el texto normativo para no generar inseguridad jurídica”.

Montero destacó que tras la última sentencia del Supremo se produjo un “freno” en la firma de hipotecas, ante la “inseguridad” por los fallos judiciales contradictorios, y por ello, el Gobierno decidió aprobar un decreto.

La ministra incidió en que se busca “tranquilizar” a la ciudadanía dada la “alarma” y la “incertidumbre” generada, así como “garantizar” las reglas de juego del mercado inmobiliario, que “se estaba viendo perjudicado”.

Montero también explicó que no fue posible incluir en el decreto la retroactividad porque el Código Civil fija con carácter general que las normas no tienen efectos retroactivos.

No obstante, señaló que en el Gobierno “vamos a estar vigilantes para que no se repercuta el pago del impuesto a la ciudadanía” y apeló a la “responsabilidad” del sector financiero en esta dirección. “El mercado hipotecario es muy competitivo, el libre mercado opera, entendemos que la ciudadanía no se va a ver afectada, habrá entidades que ofrezcan unas condiciones que tendrán mejores ventajas”, afirmó.

En cualquier caso, Montero insistió en que el Ministerio de Economía y Empresa está trabajando para crear “a la mayor brevedad” la autoridad de protección de los clientes financieros, que se encargará de “evitar” cláusulas abusivas. Montero pidió el voto favorable de la Cámara Baja para una norma que podría contribuir a la “movilización del sector inmobiliario”.

Por su parte, la mayoría de los grupos expresaron su voto favorable, si bien algunos como Ciudadanos y PP pedirán que se tramite como proyecto de ley para poder introducir modificaciones durante la tramitación parlamentaria.

El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta criticó que “algo de cinismo existe en esta Cámara” puesto que “el bipartidismo no ha movido una coma en 23 años sobre esta ley”.

Desde Unidos Podemos, Lucía Martín consideró que el decreto es un “parche” y es una “solución diminuta a un problema muchísimo mayor”, aunque manifestó el voto favorable.

Por su parte, el diputado del PP Carlos Floriano lamentó las “prisas” con las que el Gobierno ha aprobado un decreto, que consideró que “adolece de lagunas importantes, puede plantear problemas en el mercado de primera concesión y puede plantear problemas de inconstitucionalidad”. Floriano dijo que el impuesto “lo van a pagar todos y cada uno de los ciudadanos porque no hay empresa que no vaya a repercutir a los españoles sus costes”. No obstante, manifestó que su grupo votará a favor de tramitarlo como proyecto de ley.