Hasta ahora la sanción máxima por este tipo de situaciones asciende a 15.000 euros, cuantía que en este decreto pasa a ser la mínima. De hecho, esta ha sido la sanción impuesta finalmente a las concesionarias por los problemas del puente de Reyes.

Por otro lado, el real decreto establece también la utilidad pública de todos los proyectos de carreteras, para facilitar los trámites de expropiación, al darles carácter de urgencia.

Asimismo, el nuevo decreto da potestad al Ministerio para obligar a los camiones a circular por determinadas autopistas para reducir el tráfico en carreteras alternativas, recibiendo una compensación por parte de Fomento.

Además, el decreto incorpora una disposición para dar un título habilitante a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) para que pueda gestionar las autopistas quebradas que han revertido al Estado.