Entre las razones para pedir la paralización del proyecto municipal, se señala que Madrid Central “omite la reserva de plaza de aparcamiento para personas con discapacidad” y se expone que “no se ha incluido la reserva de una plaza de aparcamiento por cada 40 plazas o fracción establecida en el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece el modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid, por lo que no respeta la legislación estatal y autonómica respecto de la reserva mínima de plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida en las zonas de núcleo urbano con condición de centro de actividad”.

En el día de hoy se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se solicita la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el pasado 5 de octubre, así como la suspensión cautelar de su entrada en funcionamiento prevista para el 30 de noviembre.

Además, el Ejecutivo madrileño interpondra en los próximos días un recurso contencioso administrativo –en los juzgados de lo contencioso administrativo- para requerir la anulación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, aprobado el pasado 29 de octubre, y mediante el cual se desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de dicha zona.

Garrido destacó que el recurso contra la Ordenanza municipal se basa fundamentalmente en la falta de trámites e informes, la afectación a competencias autonómicas como son las del transporte y medio ambiente, o no estar sometida la regulación de Madrid Central a información pública y audiencia.

Señaló que aunque no se pone en duda la competencia municipal en el ámbito de la movilidad, la puesta en marcha de Madrid Central afecta a la gestión de competencias autonómicas, por lo que hubiesen requerido de solicitud de informes previos a las consejerías competentes en dichas materias.

Asimismo, el recurso alega que el perímetro de Madrid Central no comprende las zonas más contaminadas de la ciudad –según los últimos informes de calidad del aire el propio Ayuntamiento de Madrid- así como la inexistencia de medidas que permitan una aplicación eficaz como, por ejemplo, la puesta en marcha de carriles de acceso preferente para autobuses interurbanos en las principales vías de penetración a la ciudad, planificación de transporte más allá de la prevista por la EMT, o el establecimiento de aparcamientos disuasorios, entre otros.

Entre las motivaciones del recurso, “falta de trámites e informes preceptivos”, "ausencia de informe de impacto normativo y ausencia de informe de impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad".

Además, según los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, el perímetro de Madrid Central no comprende las zonas más contaminadas de la ciudad, según el informe de calidad del aire del propio Ayuntamiento de Madrid de 2017.