En el escrito, los abogados alertan de que no atender ese incidente de recusación supondría una vulneración de los derechos fundamentales a un proceso público en plena igualdad y con todas las garantías, a un tribunal imparcial y a un efectivo recurso.

Fundamentan el incidente en las razones previstas en el punto 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. Entienden que la existencia de interés en la causa "deriva de las recientes noticias relativas a la existencia de un acuerdo político para el reparto de las vocalías del órgano de gobierno de los jueces y concretamente las manifestaciones efectuadas y hechas públicas del Senador Sr. Ignacio Cosidó".

Según esas declaraciones, dice el escrito, "el pacto entre los partidos PP y PSOE se habría efectuado con la intención de controlar políticamente y afectar tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Nacional con el fin último de, a través de tales nombramientos, controlar el resultado y sentido de los procedimientos tratados en dichos Tribunales".

"SINGULAR PROTAGONISMO"

En ese pacto habría tenido "singular protagonismo" Manuel Marchena, "a quien se habría otorgado por el mencionado senador la responsabilidad de 'ganar' las votaciones mediante la anulación de la minoría 'progresista' de tal órgano de gobierno".

Reconocen que ya las informaciones previas sobre ese acuerdo y la posibilidad de "influencia" en los tribunales generaron "cierto escándalo". Sin embargo, "el whatsapp de la vergüenza" de Cosidó a senadores del PP "desvelaba 'la cocina' del pacto y las espurias finalidades de la elección de vocales y presidencia", explicando cómo se había fraguado esa "jugada estupenda" mediante la cual Marchena podría controlar "desde atrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo y aplaudiendo ese "futuro esperanzador" para su partido.

"Algo tendría de veracidad ese pacto previo contra la separación de poderes", dice el escrito, cuando el propio magistrado ha renunciado a esa Presidencia del CGPJ y se anuncia "la ruptura del pacto", lo que muestra de nuevo la "importancia que debería tener ese pacto para los intereses políticos de los partidos que participaron en dichas negociaciones".

Marchena es, por tanto, "protagonista de dicho pacto para controlar el Poder Judicial, y a él se le atribuyen características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación en el proceso que nos ocupa, características que no se las atribuye esta parte sino nada más y nada menos que un senador encargado de negociar y acordar su candidatura a la presidencia del CGPJ para la persecución de unos intereses políticos públicamente conocidos ya".

"DUDAS SOBRE EL SUPREMO"

Todo ello, aseguran, enlaza con motivos de recusación y protestas ya formuladas en este proceso, rechazadas pero que "cobran peso" con los últimos acontecimientos. "Si las noticias constantemente cuestionan la imparcialidad de los jueces con relación a los partidos mayoritarios (PP y PSOE) hasta el punto de clasificar a los magistrados del Tribunal Supremo por su afinidad o no con cada uno de dichos partidos, tampoco puede tacharse de inaudito que se cuestione la existencia de sesgos más fuertes incluso".

Los abogados se remiten también a las "dudas sobre la independencia" del Tribunal Supremo expresadas por el Consejo de Europa. A la "politización general de la justicia", aseguran, "no podemos dejar de vincular la politización concreta del presente pleito".

Como medio probatorio para la sustanciación del incidente, piden el cotejo de varias noticias periodísticas para acreditar su veracidad y que se adjutan al escrito, y declaración testifical de Cosidó para que explique qué intervención o conocimiento ha tenido Marchena en las decisiones sobre el nuevo CGPJ, así como para que relate qué comunicaciones o reuniones ha tenido con él durante el último mes.