Una de las enmiendas, a las que tuvo acceso Servimedia, indica que la ley tiene por objeto “establecer de forma solemne el repudio y condena del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936” y la posterior dictadura franquista; el desarrollo de políticas públicas activas que garanticen el reconocimiento de la memoria democrática española y la garantía del derecho de acceso a la misma; el íntegro reconocimiento de la dignidad y el respeto a la memoria de quienes sufrieron la represión, y el acceso a la “rehabilitación moral y jurídica” de esas víctimas.

También, añade esa enmienda, garantizar de forma efectiva los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, así como reconocer su derecho y el de sus familias a “localizar su paradero para darles una sepultura digna” dedicando a ello los mecanimos y recursos necesarios.

BEBÉS ROBADOS Y SENTENCIAS

Otra de las enmiendas busca dejar claro que las autoridades españolas “estarán obligadas a impulsar de forma efectiva la búsqueda de los menores sustraídos bajo el amparo de las autoridades franquistas y el posfranquismo”, con un marco temporal excepcional que se extendería hasta el 31 de diciembre de 1999.

Unidos Podemos incluye otra enmienda para que se declaren “ilegales, nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en el Estado español por el régimen franquista desde el 17 de julio de 1936”, así como las sentencias dictadas por tribunales de responsabilidades políticas, el especial para la represión de la masonería y el comunismo, el de Orden Público, y en todo caso las sentencias dictadas “por motivos políticos, ideológicos, de expresión de género, creencia religiosa, identidad nacional, orientación sexual o contra quienes defendieron la legalidad institucional republicana, las instituciones de autogobierno, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales”.

Asimismo, pretende que se considere contraria a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas “las asociaciones, entidades, fundaciones y organismos de similar naturaleza que conmemoren, justifiquen, exalten, enaltezcan el golpe militar del 1936, el franquismo a sus dirigentes”, así como la “exhibición pública de elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo” de los mismos.

En esa línea, la enmienda busca que se retiren “los reconocimientos o condecoraciones de carácter económico por el desempeño de su cargo o función a aquellos militares, agentes policiales y empleados públicos del Estado que hayan formado parte del aparato de represión de la dictadura”, e instar a la Casa Real a eliminar los títulos nobiliarios “otorgados a los responsables y colaboradores de la dictadura franquista”.

"DESMANTELANDO O DEMOLIENDO"

Unidos Podemos pide también que el Gobierno recupere el Valle de los Caídos para la gestión directa por parte del Patrimonio Nacional y el control final del Ministerio de Justicia, procediento a la “resignificación de todo el complejo” para convertirse en un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo, mediante un concurso público internacional, eliminando toda expresión y connotación franquista, y desmantelando o demoliendo los elementos “incompatibles con un Estado democrático, entre los que se incluye la cruz-espada”.

Proponen que pase a renombrase “Valle de Cuelgamuros” y que los restos de Franco y de Primo de Rivera sean exhumados y retirados para una nueva inhumación en un emplazamiento privado descartando los que, por su singular ubicación, construcción o interés turístico puedan convertirse en lugares de conmemoración, homenaje o enaltecimiento de la dictadura, sus dirigentes o el fascismo.

Precisa la enmienda que todo ello se hará “en la intimidad familiar, sin honores fúnebres militares o celebración de ningún tipo de acto oficial o de carácter político”, y que si los familiares no designan un lugar para la reinhumación acorde con esos criterios corresponderá al Gobierno designar esa ubicación.

Las enmiendas detallan también un catálogo de infracciones leves, graves o muy graves del contenido de la ley y las correspondientes sanciones; establecen la nulidad de los artículos de la Ley de Amnistía que impiden la investigación de los crímenes de lesa humanidad y genocidio; declaran la ilegitimidad y nulidad de la adquisición del Pazo de Meirás por Francisco Franco, instando al Gobierno a reintegrarlo al patrimonio público para su posterior donación al Ayuntamiento de Sada para usos asociados a la memoria histórica; y emplaza al Ejecutivo a denunciar el Concordato con el Vaticano para impulsar un acuerdo bilateral entre ambos estados basado en los principios de laicidad e igualdad entre mujeres y hombres.