Se trata del debate de totalidad de la proposición de ley cuya toma en consideración fue respaldada el 13 de diciembre de 2017. En aquella sesión, la iniciativa contó con los 175 votos favorables de Unidos Podemos, PSOE, ERC, PNV, PDECat y Compromís, frente a 163 votos en contra, de PP y Ciudadanos, y 2 abstenciones.

Concretamente, el texto plantea la modificación de la norma para permitir invertir su superávit a los ayuntamientos que tengan un nivel de deuda por debajo del 110%; que tengan superávit o equilibrio presupuestario; y que cumplan con el pago a proveedores en menos de 30 días.

Además, la iniciativa también propone la eliminación del apartado 5 de la ley, que obliga a destinar los ingresos por encima de lo previsto al pago de la deuda, así como la eliminación de las medidas coercitivas y cumplimiento forzoso que vienen recogidas en los apartados 25 y 26.

En caso de salir adelante la proposición, las corporaciones locales que cumplan con los requisitos tendrán capacidad para utilizar su superávit, algo que hasta ahora sólo podían hacer en determinados conceptos, las llamadas inversiones financieramente sostenibles, con el permiso que cada año tenía que concederles el Ministerio de Hacienda.