Planas ha presentado hoy, en el Consejo de Ministros, la posición de España sobre la reforma de la Política Agrícola Común post 2020, posición que se ha elaborado tras recabar la opinión de las comunidades autónomas, de las organizaciones agrarias y medioambientales, y ha sido trasladada a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo.

Se establecen así las prioridades españolas de la agricultura y del medio rural, coincidiendo con el momento en el que las negociaciones para la reforma de la PAC en los foros comunitarios se intensifican y comienzan a cristalizar. En 2017, España recibió 6.678 millones de euros de la PAC, que beneficiaron a 774.926 perceptores

España comparte los objetivos generales recogidos en la propuesta de la Comisión Europea (CE), que comprenden los tres pilares de la sostenibilidad, con los que se persigue fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por el clima; contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos propósitos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos comunes para toda la Unión Europea, entre los cuales España defiende introducir el enfoque de género en la PAC para contribuir a la efectiva igualdad, reforzando el papel de la mujer en el medio rural.

La propuesta de la CE sobre la PAC plantea un cambio de enfoque o de modelo de aplicación que España apoya, ya que refleja, por una parte, la diversidad de los sistemas y modelos de producción de cada Estado miembro y, por otra parte, permite diseñar de una forma más específica las intervenciones o medidas adaptándolas mejor a sus problemas concretos.

Sin embargo, desde España se considera que deben preservarse elementos clave que permitan mantener el carácter común de la PAC y que eviten que el mercado único corra riesgos.

La Comisión Europea prevé inicialmente que la nueva PAC se comience a aplicar a partir de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, el calendario se dilatará, de manera que probablemente la nueva PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023.

Por ello, y para que los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias necesarias para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor plenamente la nueva.