El joven viajaba en una patera que fue interceptada el 26 de enero de 2017. En el momento de su detención, el menor estaba indocumentado y manifestó haber nacido el 26 de marzo del 2000, por lo que tendría 17 años.

Las autoridades le sometieron a una prueba ósea para determinar su edad que resultó en que tendría 19 años, pero esta comprobación se habría hecho, según el dictamen de Naciones Unidas, “sin establecerse ningún margen de desviación posible”. De hecho, sugiere una “falta de precisión de dicho examen” al tener “un amplio margen de error”.

A juicio del Comité de los Derechos del Niño, en ausencia de documentos de identidad u otros medios, “los Estados deben proceder a una evaluación global del desarrollo físico y psicológico del niño”, una evaluación que no habría tenido lugar en este caso.

“El Comité considera que el proceso de determinación de la edad al que fue sometido el autor, quien alegaba ser un niño, no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención de la ONU sobre los derechos del niño”, manifiesta el dictamen recogido por Servimedia.

Para Save the Children, este informe atestigua que las comprobaciones que hace España para determinar la edad de los menores extranjeros “no cumple con las garantías exigidas en materia de protección de la infancia migrante y refugiada”, por lo que pide revisar los criterios.

“El dictamen reitera su posición expresada el pasado mes de febrero en su evaluación periódica a España y se hace eco de muchos de los aspectos críticos denunciados por Save the Children en varias ocasiones”, aseguró la ONG.

En este sentido, la organización demanda que se garantice una evaluación global del desarrollo físico y psicológico del niño, llevada a cabo por pediatras y especialistas para evitar casos coo el que ha puesto de relieve el Comité de Derechos del Niño.