El Consejo se pronuncia “ante los acontecimientos producidos en el día de ayer en la población de Sant Cugat del Vallès, en los que un grupo organizado de enmascarados atacaron la casa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde y de la magistrada Gema Espinosa Conde mientras se encontraba en el interior uno de sus hijos”.

El Poder Judicial manifiesta su “más absoluto rechazo al ataque sufrido por los dos magistrados y su familia, y al ataque que con ello se ha perpetrado también contra todos y cada uno de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña”.

Rechaza también “las expresiones de apoyo a esas conductas criminales y a quienes las están alentando” y cualquier otra “conducta de intimidación que pretenda dirigirse contra los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña”.

La Comisión Permanente expresa en un comunicado el “aliento y compromiso con los jueces y magistrados que sirven en Cataluña, y su reconocimiento más firme y sincero por la labor constante, callada y meritoria que prestan día a día en beneficio de la comunidad”.

El CGPJ insta a la “Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña para que de inmediato adopten todas las medidas para la persecución de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos”.

Asimismo, insta a las autoridades competentes en materia de seguridad para que adopten las medidas de protección adecuadas y efectivas de las personas y los bienes de los magistrados atacados, y para que “de manera planificada” protejan a los jueces y magistrados de Cataluña.