Así se pronunció durante la comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Cámara Alta, en la que también se preguntó si el Ejecutivo “no confunde equidad con igualar siempre por abajo, contra la excelencia, y volver al modelo fracasado y mediocre” impulsado, a su juicio, por los gobiernos socialistas.

González echó en cara a Celaá y al Gobierno de Sánchez “que no oye a los ciudadanos, que piden reiteradamente que nos pongamos de acuerdo, que no quieren una nueva ley con cada nuevo gobierno” y criticó que el PSOE haya traicionado a sus propios senadores y consejeros de Educación “que también apostaban por el pacto” porque, a su entender, “es una necesidad social y política en todos los aspectos”.

Dijo esperar “más consenso y diálogo de verdad, más tener en cuenta todas las propuestas que se han ido haciendo” y deslizó que, una vez en el Gobierno, “nos hacen la trece catorce y pretenden modificar la ley sin acuerdo, sin diálogo y sin pacto”, agregó.

La senadora preguntó a la titular de Educación si no cree que la propuesta de reforma “no destierra la cultura del esfuerzo y exigencia” y le inquirió acerca de cómo pretende el Gobierno “disminuir las diferencias de los recursos académicos entre comunidades autónomas” que, a su juicio, no son más que “desigualdad de oportunidades”.

González denunció que el PSOE haya “renunciado a ejercer sus competencias y va a consagrar esas diferentes velocidades sin ningún control del Estado”, señalando como una “cesión más a sus socios nacionalistas y una concesión con el independentismo” la pretensión de que sean las propias autonomías las que regulen la lengua cooficial.

En otro orden de cosas, rechazó que el PSOE pretenda “atentar contra las familias que eligen la religión”, preguntándose si las que apuestan por la concertada “no se van a sentir atacadas cuando pretenden eliminar el artículo 109 de la Lomce”. Además, calificó de “descabellada” la propuesta de que sea posible titular en Bachillerato con una asignatura pendiente.

Tras subrayar que la Lomce salió adelante con más apoyos que la LOE, avanzó que, con el documento de propuestas hecho público “el PP no puede estar a favor”, dado que no recoge “medidas oportunas, sino oportunistas”.

Por su parte, Celaá consideró “absolutamente deseable” alcanzar un pacto educativo, aunque la “interrogante” viene, a su entender, al preguntarse “si es posible”. “El grupo socialista, el Gobierno, esta ministra, mi equipo, estamos en disposición de hablar y negociar, de llegar a acuerdos, porque queremos el pacto educativo, pero eso no significa que no tengamos que cambiar nunca de legislación”, zanjó, convencida de que existe “muchísima más proporción dentro del sistema que está acordada que la discrepancia”.

Celaá puntualizó que las leyes del PP “solo han sido respaldadas por el Grupo Popular, con algunas abstenciones”, pero lo conseguido por el PSOE es, según ella, “objetivable y muy significativo, porque pone de manifiesto quién se sienta para negociar y hacer acuerdos y quién no”.

“El sistema educativo español tiene una dolencia y, como la hemos identificado, queremos erradicarla”, sentenció, incidiendo en que el pacto educativo “es muy deseable”, pero desconociendo “si será posible”, instando a los grupos “a escuchar y entrar en los contenidos”.

Asimismo, en referencia a la educación concertada, rechazó que el nuevo proyecto suponga un “ataque frontal" a la misma, "pero no admite el mercadeo con centros educativos, que vamos a combatir”, anunció.

Celaá admitió, tal y como sugirió Joan Bagué, del PDECat, que el abandono escolar temprano es la “principal preocupación que ha de tener el sistema educativo”. “Pido encarecidamente que nos pongamos a remar en la misma dirección", demandó en este sentido.

Además, respondió a la preocupación de la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Eugenia Iparraguirre sobre el respeto a las competencias educativas asumidas por las comunidades autónomas asegurándole que el Gobierno es “constitucionalista”. “Somos respetuosos absolutamente del Estado autonómico y sabemos que muchas veces las leyes han invadido sin necesidad algún terreno que podría haber ejercicio perfectamente la comunidad autónoma”, concluyó.