Salud
ONG denuncian que el derecho a la salud sigue sin ser universal, cuatro meses después del decreto sanitario
- Piden al Gobierno y las comunidades autónomas un reglamento que aclare la norma
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Amnistía Internacional, Yo Sí Sanidad Universal, Médicos del Mundo y otras organizaciones integradas en la plataforma Reder lamentaron que cuatro meses después del nuevo decreto ley que pretendía recuperar la universalidad en el acceso a la salud, aún no se ha desarrollado un reglamento que "aclare" la norma.
En su opinión, el objetivo de la universalidad "aún no se ha logrado", pues el decreto actual "presenta fallos y ambigüedades" que hay que solucionar. Por eso, con motivo de la celebración mañana del Consejo Interteritorial de Salud entre Gobierno y comunidades autónomas, exigieron un reglamento que "clarifique en detalle la norma para blindar el derecho a la salud".
Asimismo, reclamaron la creación de un mecanismo permanente para evaluar su aplicación, de modo que se eviten y corrijan prácticas de exclusión sanitaria en los distintos sistemas autonómicos.
"El hecho de que el Congreso haya decidido tramitar el decreto-ley como proyecto de ley es una oportunidad para mejorar una norma que en su redacción actual queda lejos del pretendido fin de universalizar la atención sanitaria", apuntaron.
A su juicio, el texto actual tampoco armoniza "ni el procedimiento ni los requisitos para obtener la tarjeta sanitaria" y, en consecuencia, cada comunidad autónoma lo está interpretando de manera diferente".
Aseguraron que tampoco define con exactitud quiénes son "las personas en situación de mayor vulnerabilidad que recibirán atención en cualquier circunstancia" y que se han dado casos de exigencia de pago por atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas. Además, "hay algunas autonomías que siguen exigiendo el empadronamiento como requisito, cuando el nuevo decreto no lo pide".
Las entidades también denunciaron que algunas autonomías piden a los extranjeros en situación irregular volver a sus países de origen para facilitar ciertos documentos, "algo obviamente inviable, especialmente para aquellos con menos recursos económico".
Por último, “la exclusión también persiste para las personas que obtuvieron su permiso de residencia por ser padres y madres de ciudadanos comunitarios y que siguen sin recibir la tarjeta sanitaria, pues el Gobierno, a pesar de múltiples sentencias en contra, se niega a ordenar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que cumpla la normativa y les facilite la cobertura sanitaria”, criticaron.
(SERVIMEDIA)
14 Nov 2018
AGQ/gja