En estos términos se expresó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la presentación, organizada por Servimedia, de la segunda edición de la publicación ‘Discapacidad y Fiscalidad’, elaborada por la Subcomisión de Fiscalidad del Real Patronato sobre Discapacidad, presidido por la reina Letizia, y publicada por Cermi.

En la presentación también participaron Miguel Cruz, ex director general de Tributos y miembro de la subcomisión; Isidoro Martín, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la UNED y también miembro de la subcomisión; Domingo Carbajo, inspector de Hacienda en la Agencia Tributaria y miembro de la subcomisión; Reyes Gómez, responsable del Departamento Fiscal del Grupo ILUNION, y Lourdes Márquez, jefa de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE.

Según destacó Pérez Bueno, “la fiscalidad cada vez tiene una creciente y cada vez mayor importancia en la agenda de la discapacidad”, subrayando su relevancia por la menor capacidad de renta de las personas con discapacidad y el mayor esfuerzo económico que este colectivo tiene que hacer a la hora de adquirir bienes y servicios.

IVA Y DEDUCCIONES POR REFORMAS

En este sentido, todos los expertos destacaron como propuestas más relevantes para su implantación la actualización de los tipos reducidos del IVA de determinados productos tecnológicos, así como la reinstauración de las deducciones por reformas de adecuación en vivienda habitual de las personas con discapacidad.

En concreto, sobre las deducciones por reformas de adecuación, Carbajo resaltó su importancia para hacer frente “al problema social cada vez más relevante de gente encerrada en casa que no puede salir de su hogar porque no tiene acceso a la calle”. En esta línea, señaló que el impacto de dicha deducción “no era muy alto”, de tan sólo un millón en total, para 3.728 personas a las que se aplicó en su último año de vigencia.

En cuanto al IVA, el inspector de Hacienda destacó la necesidad de ajustar los tipos de reducidos y adaptar el sistema tributario a los cambios de la sociedad, como “la aparición de productos y avances tecnológicos que significan un gran coste para las personas con discapacidad”.

Sobre este punto, Carmen Rodríguez explicó que en otros países “no se gestiona tanto con tipos superreducidos, sino con otro tipo de ayudas”, y señaló que los avances tecnológicos hacen que el sistema de tipos reducidos “se quede anticuado y sea necesario revisarlo”.

También sobre el IVA, Pérez Bueno apuntó el “grave problema de las entidades no lucrativas” al no poder repercutir el IVA, lo que genera una situación de desigualdad respecto a los proveedores privados.

SOCIEDADES

Respecto al Impuesto de Sociedades, Pérez Bueno indicó que, cuando se habla de que este tributo es “un coladero de deducciones” que habría que suprimir, es importante salvaguardar las relativas a la discapacidad para que se mantengan en el futuro.

Por su parte, Carbajo recordó que las rentas medias de las personas con discapacidad son inferiores a la media y que “la integración en el mercado laboral sigue siendo un problema”, al considerar que “el sistema no facilita la integración de la discapacidad”.

Además, Reyes Gómez explicó que las deducciones en este impuesto son “el único incentivo que tienen las empresas para contratar a personas con discapacidad”, pero que sobre todo pueden aprovecharlo las grandes empresas, mientras que es más problemática su aplicación en las pequeñas empresas porque la deducción “está topada”, por lo que recomendó eliminar dicho tope. “En cuanto a discapacidad, hay pocos beneficios en el Impuesto de Sociedades”, añadió.

Por otro lado, el presidente del Cermi también hizo mención a la necesidad de profundizar en los incentivos fiscales a personas con discapacidad a través del trabajo autónomo, ya sea porque los propios autónomos tengan discapacidad o porque contraten a personas con discapacidad. En este sentido, apuntó que actualmente en el régimen de autónomos (RETA) existen 20.000 personas con discapacidad, con un crecimiento anual de unos 1.000 trabajadores, por lo que, en su opinión, existe “un recorrido de crecimiento muy grande que puede ir acompañado por la fiscalidad”.

Por su parte, Miguel Cruz aseguró que la fiscalidad sobre discapacidad “está en un momento de espera” y que existe “un estancamiento de iniciativas” por parte de los poderes políticos, por lo que apuntó la importancia de hacerles llegar sugerencias como las recogidas en la publicación.

En cuanto a los beneficios en el IRPF, Cruz puntualizó que existe “una relación entre discapacidad y baja renta o discapacidad y pobreza” y que los beneficios en dicho impuesto “están orientados hacia rentas de cierta dimensión”, por lo que muchas personas que no llegan a un cierto nivel de renta no se ven beneficiadas.