Álvarez (UGT) pide acabar las negociaciones sobre la reforma laboral este año y en enero aprobar decretos si no hay acuerdo
- Reclama a los grupos que apoyaron la moción de censura que apoyen los cambios en materia laboral
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó este martes que las negociaciones entre los agentes sociales sobre reformas en el ámbito laboral finalicen este año, “con o sin acuerdo”, y que en enero, en caso de no haber acuerdo, el Gobierno saque adelante las modificaciones vía decreto ley.
En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el III Congreso Anual de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales, Álvarez destacó la necesidad de “zanjar de manera inmediata” y “ponerle fecha de caducidad” a las negociaciones. “No las podemos eternizar”, afirmó, tras indicar que en enero se empiecen a efectuar las reformas. Para ello, hizo un llamamiento “a todos los grupos que dieron su apoyo a la moción de censura para que ahora den soporte a estos cambios”.
En este sentido, sobre los anuncios realizados ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia laboral, el líder de UGT explicó su opinión de que “el presidente quiere situar como un elemento de política inmediato el poder cerrar un acuerdo, o no cerrar un acuerdo pero ver hasta dónde llegamos en las mesas sociales abiertas, en concreto en la del mercado de trabajo”. “Quiero interpretrarlo desde la perspectiva de que lo que pretende el Gobierno es que se acelere el proceso”, añadió al respecto.
En cuanto a la propuesta de Sánchez de establecer tres tipos de contratos laborales, Álvarez valoró que “es una posibilidad, pero no la única”.
Sobre la falta de avances en las negociaciones, el líder sindical explicó que “la CEOE está en un proceso de dilatación de las negociaciones que quiero pensar que es por la asamblea que van a celebrar, lo que sería comprensible, y por tanto no hay un avance en las negociaciones”.
INDEMNIZACIONES Y CONTRATACIÓN
Por otro lado, Álvarez apuntó que “para nosotros esta reforma no pasa por indemnizaciones, pasa por derechos; la indeminización no es derecho, derecho es el puesto de trabajo”.
A este respecto, el secretario general de UGT defendió que “cuando se confirme que un trabajador está contratado en fraude de ley, el castigo no sea la indemnización, sino dos años en los que el contrato, en caso de despido improcedente, se convierta en despido nulo y tenga que ser contratado por la empresa”.
“No vamos a entrar en el precio del despido sino a garantizar que los contratos laborales tengan el mismo carácter que el trabajo que se realiza. No vamos a entrar en si se pagan dos días más o dos días menos, que con la duración de los contratos hoy y la rotación que hay les representa cero patatero. La garantía es que no puedan ser despedidos”, declaró.
(SERVIMEDIA)
13 Nov 2018
IPS/caa