El municipio madrileño, gobernado por IU, Podemos y Equo, es el que originó la polémica jurídica. Su Empresa Municipal de la Vivienda logró tres fallos favorables de la Sección Segunda de la Sala tercera del Alto Tribunal, que fueron posteriormente tumbadas en una resolución del Pleno de la Sala de los Contencioso-Administrativo del mismo tribunal tras una reñida disputa interna que prosperó con el voto de 15 magistrados, frente a la negativa de otros 13, auspiciando la polémica.

“Han conseguido que la imparcialidad de la Justicia sea una ilusión óptica. No hay Justicia en este país”, criticó el político al frente del municipio que finalmente obligó al Gobierno a legislar para obligar a la banca a cargar con el tributo durante la concentración convocada por Unidos Podemos para protestar por la situación.

A su juicio, las sentencias “son firmes y el Tribunal Supremo tiene que rectificar y tiene que haber dimisiones”. El Consistorio ya a anunciado que irá al Constitucional o Europa para lograr un resarcimiento por el tributo.

“Hay millones de personas que esperan que el Supremo acatara sus sentencias, y el Supremo ha ido en contra de sus propias sentencias. La sentencia de Rivas tiene que valer para todo el mundo”, reinvindicó.