Así lo explicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde denunció que en esos días se produjo “una imprevisión absoluta” y sostuvo que las sanciones impuestas no “tienen nada que ver con los daños que se producen”.

En concreto, hasta ahora la sanción máxima por este tipo de situaciones asciende a 15.000 euros, cuantía que en este decreto pasa a ser la mínima. Por otro lado, el real decreto establece también la utilidad pública de todos los proyectos de carreteras, para facilitar los trámites de expropiación, al darles carácter de urgencia.

Asimismo, el nuevo decreto regulará sobre la posibilidad de obligar a los camiones a circular por determinadas autopistas para reducir el tráfico en carreteras alternativas, recibiendo una compensación por parte del Ministerio, “una práctica que ha resultado muy positiva”, según Ábalos. “El impacto en la siniestralidad es total”, sentenció.

Además, el decreto incorpora una disposición para dar un título habilitante a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) para que pueda gestionar las autopistas que “promovió y rescató el PP”.

Preguntado por si mantiene la intención de relicitar estas autopistas, señaló que “de momento, estamos evaluando aún la responsabilidad patrimonial de la administración” por lo que indicó que no habrá decisión hasta que “no tengamos claro lo que supone para el Estado haber rescatado estas autopistas”.

En relación con estas autopistas, el ministro descartó permitir que se utilicen de forma gratuita antes de que concluyan sus concesiones, ya que al no estar amortizadas se debe permitir la recuperación de la inversión, con indiferencia de a quien corresponda su gestión.

A este respecto, el ministro confirmó que a partir del 30 de noviembre la autopista AP-1 pasará a ser gratuita, tal y como anunció pocos días después de llegar al Ministerio, algo que ocurrirá también con la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz el año que viene.

En todo caso, reiteró su llamamiento a los grupos parlamentarios para proceder a una reflexión sobre la sostenibilidad de la red viaria de alta capacidad, que en España alcanza los 20.000 kilómetros, algo que se llevará a cabo en una subcomisión en el Congreso de los Diputados.

“Es la única infraestructura que se pretende gratuita”, apuntó, antes de señalar que las aportaciones presupuestarias para su mantenimiento se vienen reduciendo pese a que se incrementan los kilómetros en servicio. También se refirió a la necesidad de que el modelo sea igual en todo el territorio nacional, algo que no ocurre ahora.