En declaraciones a Servimedia, Ramírez explicó que ello permitiría liberar la misma partida prevista en el acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidos Podemos, que “de no salir adelante, dejaría en la estacadada a 275.000 personas dependientes en lista de espera”. “Se trata de una 'opción b' por si los presupuestos no salen adelante”, precisó, pues “las personas dependientes no pueden esperar”.

Así figura en una carta con las propuestas de la asociación que Ramírez entregó ayer a responsables del Grupo Mixto, PNV y Podemos, y que en breve hará llegar a PP, Ciudadanos y PSOE. Según destacó, “30.000 personas podrían morir en 2019 sin recibir la prestación a la que tienen derecho si no hacemos nada”.

Si hay presupuestos, reclamó que los 515 millones se destinen a la financiación del nivel mínimo garantizado, esto es, a procurar un mínimo por persona dependiente, y no al nivel acordado. En este último caso son las Consejerías de Economía de las comunidades autónomas las que gestionarían la partida, y “no tendríamos totalmente asegurado que el dinero llegue a las personas dependientes”.

En cualquier caso, tanto si hay presupuestos como si no, Ramírez exigió que los 515 millones se empleen en la reducción de las listas de espera, en especial de aquella que afecta a unos 110.000 personas con dependencia grande o severa.

En cuanto a la admisión a trámite en el Senado de la proposición de ley para que los servicios de atención a la dependencia de centros privados tengan un IVA del 4% igual que los públicos y concertados, Ramírez declaró que “todo lo que sea beneficiar a las personas y reducir el copago, me parece bien”. En cambio, señaló que si el fin último de la ley “es favorecer a empresas privadas ya no me parece tan bien”. “Habrá que esperar a su redacción final”, concluyó.