Así lo pidió en una rueda de prensa en Madrid el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, que protestó por los anuncios de política educativa que pretende desarrollar el Gobierno, y que en su opinión “desprestigian” a los profesores, en especial lo relativo a la evaluación y la formación inicial. Esos anuncios, además, se producen en un contexto, denunció, de la falta de interlocución con los sindicatos para ponerlos en práctica.

Gutiérrez también defendió que “no se ha hablado con los sindicatos” sobre otros asuntos como la reducción del horario lectivo, la oferta de plazas, la situación educativa en Ceuta y Melilla y el personal docente en el exterior.

Para CSIF Celaá “ataca injustamente la dignidad de los docentes y sugiere que no están preparados para su labor” al abrir un debate sobre la formación inicial del profesorado y la evaluación docente.

“No hemos tenido ni una sola mesa de negociación en casi 200 días. Encima ha sido presentado en el parlamento un documento, con la desfachatez de decir que se envió el documento para que lo conocieran los sindicatos. Y no se ha negociado en ningún caso. La han hecho como han querido ellos. Dejando las competencias a las comunidades autónomas”, agregó.

Por todo ello, CSIF pide un estatuto docente “que contemple obligaciones y derechos de los docentes” y “las consecuencias” que va a tener para la carrera profesional, como la central reclamó por escrito a Celaá en septiembre, en una carta donde también reclamó que "no continúe vulnerando" la negociación colectiva. Así, Gutiérrez anunció que a finales de diciembre estudiarán medidas judiciales si Educación no convoca la mesa de negociación.

Mientras, la central está hablando con los grupos parlamentarios y tampoco se niega “a ninguna acción para defender los derechos de los profesores en toda España”, dejando abierta la posibilidad de manifestarse en las calles.

El nuevo estatuto docente, agregaron en la central sindical, debe atender las demandas del colectivo en toda su carrera: formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias y que se valore la experiencia docente del personal), carrera profesional, formación continua, condiciones de jubilación, mutualismo administrativo y acción social.

CONVOCATORIA DE PLAZAS

Durante la rueda de prensa se recordó que durante 2018 y 2019 el Gobierno creará unas 50.000 plazas en la educación pública, en el marco del Acuerdo de Mejora del Empleo Público para estabilizar las plantillas docentes y reducir al 8% el porcentaje de interinidad, en un colectivo que, según Gutiérrez, vive una situación de “inestabilidad y desconcierto” por “falta de rumbo y la política errática y propagandística del Gobierno”.

De las 28.000 plazas que se convocarán en 2019, matizó Isabel Madruga, que presentó los datos de previsión de oposiciones docentes de CSIF, “más de 20.000 serán del cuerpo de maestros. Exigimos que nos convoque la ministra como ha prometido para hablar de modificaciones de calado en el nuevo sistema de acceso a la función pública docente”. Estos datos no incluirían los relativos al País Vasco, matizó, a la vez que calificó de “histórica” la convocatoria.