Tras este anuncio de huelga, Justicia convocó este miércoles a una reunión a las cuatro principales asociaciones de jueces y a las tres de fiscales, encuentro que tuvo lugar esta mañana en la sede ministerial. Justicia informó de que, en este encuentro, la ministra trasladó a sus interlocutores “el alto grado de cumplimiento de sus reclamaciones por parte del Gobierno y el trámite en que se encuentran”.

El departamento que dirige Delgado añadió que “pese a la reciente convocatoria de huelga, el Ministerio y las asociaciones mantienen abiertas todas las vías de comunicación y se han citado para un nuevo encuentro el próximo lunes 12 de noviembre”.

A la entrevista de este miércoles asistieron junto a los representantes del Ministerio, Manuel Almenar (APM), Ignacio González Vega (JJpD), Concepción Rodríguez (FJI), Cristina Dexeus (AF) y Emilio Fernández García (UPF).

“MEDIDAS” EN MARCHA

En este sentido, Justicia informó de que la ministra explicó a los representantes de las asociaciones “el grado de cumplimiento, por un lado, de sus reivindicaciones profesionales y, por otro, de sus demandas estrictamente salariales”. Para dar cuenta de todo ello acompañaron a Delgado el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; y la directora general de Modernización, Sofía Duarte.

En este sentido, la cúpula ministerial dio cuenta a jueces y fiscales de “que el Ministerio ha puesto en marcha medidas” para dar cumplimiento a sus demandas, muchas de las cuáles se encuentran en este momento en tramitación parlamentaria.

Así, entre otras medias, Delgado explicó que el Gobierno apoya la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitó a seis meses con carácter general el plazo para la instrucción en las causas penales, lo que ha posibilitado espacios indeseables de impunidad.

MESA DE RETRIBUCIONES

Además, la titular de Justicia indicó que se está ultimando en el Senado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a la recuperación de derechos laborales de jueces y fiscales tales como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales. Se trata de logros sociales que habían sido cercenados por reformas acometidas por gobiernos anteriores.

Respecto a las reclamaciones retributivas, la ministra recordó que las condiciones salariales de jueces y fiscales se enmarcan en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo -que afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado- firmado el pasado 9 de marzo, es decir, meses antes de que se produjera el cambio de Gobierno.

Hasta esa fecha no se había convocado la mesa de retribuciones de la carrera judicial y fiscal, única vía posible para hacer llegar de manera efectiva las demandas salariales de ambos colectivos.