Según indicaron fuentes sindicales, los trabajos están repartidos en tres lotes adjudicados a FCC, UTE RM2 (Valoriza, Acciona, OHL, Ascan) y UTE Recogida Sur Madrid (Urbaser, Cespa).

Los sindicatos denuncian que el Convenio Colectivo de la RBU de Madrid afecta a un total de 1.700 trabajadores y lleva caducado desde el 31 de diciembre de 2017. La intención de los trabajadores es negociar un convenio de aplicación a los trabajadores del servicio de modo que “no se mermen las condiciones actuales del convenio en vigor y el mantenimiento del poder adquisitivo”.

Desde UGT manifestaron su incomprensión respecto a la actitud de las empresas adjudicatarias, que, a pesar de haber obtenido un contrato más sustancial en la dotación económica que el anterior y encontrándose inmersos en la ampliación de servicios y contrato que supone la implantación del biorresiduo, para lo cual el Ayuntamiento de Madrid dispone de importantes ampliaciones sobre el contrato que suponen hasta un 140% más en la dotación económica, “se empeñen en no garantizar siquiera el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras”.

“Es esta postura intransigente de las empresas adjudicatarias, que desde el inicio de la negociación, allá por el mes de abril, han intentado dilatar las reuniones y mermar las condiciones que los trabajadores tienen recogido en el Convenio Colectivo, la que provocó la ruptura de las negociaciones el pasado día 29 de octubre, abocándonos al conflicto como única medida para desbloquear la situación”, remarcaron.

Por ello, desde UGT hicieron un llamamiento a las empresas adjudicatarias para que recapaciten en su actitud, así como al Ayuntamiento de Madrid para que medie en la medida de sus posibilidades, para intentar evitar el conflicto.