Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una interpelación del senador del PP Dionisio Carnero sobre la política del Ejecutivo respecto al “deterioro democrático” y la “vulneración de los derechos humanos” que se está produciendo en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Borrell sostuvo que la defensa de la democracia y de los derechos humanos otorga a España un “papel particular” en América Latina debido a los vínculos históricos que le unen con esa región.

Sobre Venezuela, tras las elecciones legislativas de 2015 ese país vive una “fase aguda” de una “crisis política institucional” que se retroalimenta con una crisis socioeconómica y de seguridad. Por ello, afirmó que la “única vía sostenible” que permitirá “retornar a la institucionalidad democrática” pasa por una solución “democrática, pacífica y negociada” entre los venezolanos en el marco del Estado de derecho.

Defendió que esta posición es la misma que sostuvo la Alta Representante de Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, el pasado día 25 de octubre y los países que conforman el Grupo de Lima.

Rechazó cualquier medida que ponga en riesgo la seguridad de la región y se opuso a una intervención militar en suelo venezolano.

Defendió que España votó a favor de imponer sanciones a 11 funcionarios de Venezuela que implican la prohibición de viajar a la UE y la congelación de sus activos en bloque durante la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada el pasado mes de junio en Luxemburgo y subrayó que actualmente "no concurren las circunstancias" que permitan levantar dichas sanciones.

No obstante, diferenció entre las sanciones impuestas por la UE -que únicamente afectan a personas individuales- con las impuestas por EEUU, que se dirigen al país caribeño, y adelantó que Bruselas no seguirá, en este punto, el camino marcado por la Casa Blanca.

Reiteró que España no se sumará a la demanda que varios países presentarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Venezuela porque ya existen iniciativas puestas en marcha por la Fiscalía de ese organismo.

Presumió de haber sido el único ministro de Exteriores de la UE que convocó al embajador venezolano acreditado en su país para mostrar su preocupación por el fallecimiento del concejal del partido Primero Justicia Fernando Albán mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia y pedirle el desarrollo de una investigación sobre este suceso.

Dejó claro que Zapatero actúa en la crisis en Venezuela a título individual y aseveró que el Gobierno ni pilota ni está involucrado en las gestiones que desarrollan en el país caribeño tanto el propio Zapatero como el expresidente del Gobierno Felipe González.

Por ello, lamentó que cuando el Gobierno defiende la conveniencia de combinar la aplicación de sanciones con la facilitación de una salida “negociada” y “pacífica” a la crisis institucional que vive Venezuela “parece que olemos a azufre”.

Respecto de Cuba, dijo que España mantiene “diferencias sustantivas” con las autoridades de la isla en materia de derechos humanos, comentó que el programa de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está cerrado y dejó claro que ese país no es el único del mundo que “no responde a estándares democráticos”, ya que en esa situación también se encuentra Arabia Saudí y China.

En cuanto a Nicaragua, Borrell confirmó que el Gobierno dialoga con la Iglesia católica y la oposición política en aras de promocionar un “diálogo constructivo y negociado” entre las partes, y mostró su apoyo a la comisión de diputados y senadores que se desplazarán próximamente a ese país.

Por su parte, Carnero censuró la labor de Zapatero en la “dictadura” de Venezuela, reclamó a Sánchez que se reúna con familiares de disidentes encarcelados en Cuba y reclamó al Gobierno que dialogue con la Iglesia y la oposición en Nicaragua.