Citó como ejemplo un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el impacto de la ley y de diversas ordenanzas municipales en relación a esta práctica y según el cual, en la última década, en la Ciudad Condal habrían sido multadas el doble de mujeres que de clientes.

Así lo expuso durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en relación con la proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), en la que también admitió que dicha ley “no está protegiendo a las víctimas de trata” y, en algunos casos, “está agravando la situación de las víctimas de trata”.

En este sentido, criticó que una víctima de trata haya sido sancionada en nueve ocasiones entre marzo y junio de 2016 en virtud de esta ley a pesar de que, posteriormente, fue detectada como víctima de trata por una ONG y la Guardia Civil y denunció que, según datos del Ministerio del Interior, en 2017 había en España 10.011 personas en situación de riesgo y se detectó a 125 víctimas de trata para fines de explotación sexual.

En conjunto, el director de Amnistía en España demandó la reforma de 14 artículos de la ley y la eliminación de su disposición adicional primera, vinculada a las devoluciones “en caliente” de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla, denunciando que se han producido "cientos de devoluciones" hacia Marruecos, un país que, a su entender, "no es seguro para inmigrantes ni refugiados".

Por otro lado, tras mostrar su “esperanza de que se avance en el paquete relacionado con libertad de expresión y reunión”, defendió la eliminación, entre otras, de las sanciones a los promotores de reuniones espontáneas por falta de notificación previa y de aquellas relacionadas con un “derecho legítimo” como los de información, reunión o manifestación de forma pacífica que, a su juicio, no deberían tipificarse como infracción.

MECANISMOS DE CONTROL

También subrayó que los artículos del 16 al 20 deberían incorporar la referencia a mecanismos de control de las fuerzas públicas y, en concreto, se refirió a la necesidad de habilitar un “mecanismo de investigación” independiente que fiscalice la actuación de los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad, que permita proteger a los agentes “que hacen su trabajo de forma correcta”, a la vez que facilita el impulso de forma “ágil” de una investigación independiente “cuando hay abusos policiales y un aprendizajes que hacer”.

La portavoz del PP en esta materia, Ana Vázquez, mostró su “discrepancia absoluta” a varias aseveraciones de Beltrán y censuró la insinuación de que con el artículo 36.11 "se favorece la trata". “Hemos puesto ese artículo para defender el derecho a los más vulnerables, que son los niños y de forma muy acotada”, agregó, al tiempo que puso de manifiesto cómo la Ley de Seguridad Ciudadana regula “por primera vez" la identificación en la vía, "que antes se hacía indiscriminadamente y ahora no”, al igual que el rechazo en frontera de personas migrantes, entre otras cuestiones.