ONG católicas reparten entre los diputados fotografías de personas heridas víctimas de 'devoluciones exprés'
- Piden reformar la 'ley mordaza' para acabar con esta práctica
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La abogada y responsable de Políticas Migratorias de Cáritas Española, María Segurado, y Josep Buades, del Servicio Jesuita a Migrantes y de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España (Confer), pidieron este lunes derogar la disposición adicional 10 de la Ley de Seguridad Ciudadana para poner fin a las 'devoluciones exprés' en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Los dos comparecieron ante la Comisión de Interior del Congreso, donde varios expertos expusieron hoy sus ideas sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como 'ley mordaza'. Allí repartieron a los diputados relatos con los testimonios de víctimas de devoluciones en caliente y fotografías que muestran sus heridas y lesiones.
Entre ellas, destaca la historia de Ibrahima, un menor maliense de 15 años que se hirió con una concertina al saltar la valla de Melilla. "Le encontraron oculto en una zanja varios guardias civiles y, aunque el trato fue correcto, nadie le preguntó su edad y lo entregaron a Marruecos". Sí lo hicieron los militares marroquíes, que sin embargo "no tuvieron problemas en golpear a Ibrahima y a sus compañeros con bastones y hacerles caminar un día hasta el hospital de Nador". Mammadou no se hirió al saltar la valla, pero se resbaló y se fracturó los dos tobillos. "Policías nacionales lo localizaron y le propinaron un bofetón al no poder levantarse. En lugar de llevarlo a un hospital, lo devolvieron a Marruecos".
Estas son las historias de dos personas que tras muchos meses en el desierto y varias semanas escondidas en los montes consiguieron entrar a Melilla y fueron devueltas de forma exprés, sin tener en cuenta ni sus motivos de huida, ni otras circunstancias personales como la edad o posibles persecuciones, según apuntó Buades.
Por eso, reclamó la derogación total de la disposición adicional 10ª de la Ley de Seguridad Ciudadana, que en su punto segundo permite la posibilidad del rechazo en frontera, cumpliendo siempre con los tratados internacionales firmados por España y con la legislación en materia de asilo.
A su juicio, esta afirmación "carece directamente de sentido", pues "sin un límite temporal no hay garantías legales que valgan". "Sin un margen temporal es sencillamente imposible que se pueda proceder a una identificación individual; a la detección de colectivos vulnerables como menores de edad, víctimas de trata o solicitantes de asilo, y al ofrecimiento de asistencia jurídica en idiomas comprensibles para ellos", prosiguió Boades, "y estos son los requisitos que todos los tratados establecen y que España incumple en las devoluciones en caliente".
Tanto Boades como Segurado se mostraron partidarios de que España ejerza su derecho a controlar sus fronteras y a impedir el acceso a través de puntos no autorizados. El problema es la situación especial de Ceuta y Melilla, donde se han introducido más obstáculos "ya en suelo español", según dijo. Para Boades, "una vez superada la primera valla, ya estamos en suelo español, y establecer una zona de no derecho que cada vez se amplía más, resulta muy peligroso".
Los diputados del PP y de Ciudadanos, José Alberto Martín-Toledano y Saúl Ramírez, respectivamente, defendieron la utilidad de la disposición adicional 10, puesto que establece que el rechazo en frontera se efectuará de acuerdo a los tratados internacionales. "Es el procedimiento lo que hay que vigilar", recalcó Ramírez.
por su parte, Martín-Toledano aseguró que los puntos "adecuados" para solicitar asilo son los consulados en los países de origen y los puestos fronterizos, "no una vez se ha saltado la valla".
Segurado repuso que la práctica ha demostrado que los incumplimientos son habituales y que con las 'devoluciones exprés' resulta "muy difícil asegurar estas garantías legales". Además, la Ley de Asilo está pendiente de desarrollo en lo referente a las solicitudes en embajadas desde 1999, así que "sencillamente, quien intente reclamar protección en la embajada de su país, no lo podrá hacer".
"A Ibrahima nadie le preguntó cuántos años tenía, y no le protegieron. Tampoco hay tiempo para averiguar si una mujer ha llegado como víctima de trata, o si un refugiado huye de su país por motivos políticos".
Señaló que la diferencia entre quienes entran en Ceuta y Melilla saltando la valla y quienes por ejemplo llegan a Canarias por el océano en una barca es que estos últimos sí son debidamente identificados, preguntados y atendidos. "Solo pedimos igualdad y garantías legales", concluyó.
(SERVIMEDIA)
05 Nov 2018
AGQ/gja