Así lo indicó la organización a través de un comunicado emitido horas antes de la comparecencia en el Congreso de los Diputados de su director en España, Esteban Beltrán, en relación con la proposición de Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC).

Según las cifras aportadas por Amnistía Internacional, entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 se impusieron 73.187 sanciones en aplicación tan solo del artículo 37.4, referido a las faltas de respeto o consideración hacia miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y del 36.6, que considera grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

80 SANCIONES DIARIAS

Ello supone una media de 80 sanciones diarias con base en alguno de estos dos artículos (21.122 y 13.033, respectivamente, el pasado ejercicio) y, a juicio de la ONG, podría equivaler a casi 25 millones de euros en sanciones impuestas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Una actividad sancionadora que, según Amnistía, "está poniendo en riesgo el ejercicio pacífico de derechos humanos”. "La prueba es que ha tenido un gran impacto en las vidas y en la movilización de aquellas personas que, damnificadas por los recortes del gasto público y la crisis económica, se han organizado para defender sus derechos”, añadió.

No obstante, la organización también hizo hincapié en la sanción a los promotores y organizadores de manifestaciones que no han cumplido con el requisito previo de notificación y reseñó que, desde la entrada en vigor de la ley hasta finales de 2017, se han impuesto un total de 282 sanciones de este tipo por parte del Ministerio del Interior.

Para la ONG también es motivo de preocupación el artículo que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad cuando puedan poner en peligro operaciones policiales o la integridad de los agentes y, en este sentido, subrayó que el ejercicio del derecho de información “corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesión de periodista” y rechazó las 85 sanciones impuestas por esta razón en este periodo.

Amnistía Internacional consideró importante la incorporación de un “mecanismo independiente” de investigación para “supervisar” la actuación policial, que esté facultado para la investigación de “incidentes concretos, bien tramitando quejas y denuncias ciudadanas o, en algunos casos, debido a su gravedad, de oficio”.

En este punto, abogó por que la futura reforma se convierta en una “oportunidad” para incorporar “mecanismos adecuados" de investigación de posibles violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, así como para implementar mecanismos de "rendición de cuentas de la actividad policial”. “La falta de mecanismos adecuados es especialmente grave cuando esta actuación puede interferir con el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión pacífica, expresión o información”, agregó.

DEVOLUCIONES EN CALIENTE

En otro orden de cosas, Amnistía Internacional denunció que la ley mordaza también da cobertura legal a las expulsiones “en caliente” que, matizó, además de estar prohibidas por el derecho internacional, “pueden tener consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a España huyendo de sus países, pudiendo vulnerar el principio de no-devolución, que prohíbe a los Estados devolver a una persona a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”.

En relación a las últimas “devoluciones en caliente” documentadas por Amnistía Internacional y que tuvieron lugar en julio en Ceuta, la ONG aseveró que ninguna legislación interna “puede vulnerar normas y estándares internacionales de derechos humanos” y volvió a instar a que, en el marco de la actual reforma de la LOSC, se “aproveche la oportunidad de poner fin a esta práctica ilegal”, derogando la disposición adicional que las habilita.

Tras subrayar que este lunes se “reactiva” el proceso de reforma “tras meses de parálisis” con el inicio de la ponencia en el Congreso en la que intervendrá, Beltrán advirtió de que, “tres años después, estamos ante la gran oportunidad de acabar con el efecto mordaza que provoca esta ley”.

“Más de tres años después de su entrada en vigor, esta legislación ha ido empeorando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información, y se ha empleado contra periodistas y formas legítimas de protesta y activismo social”, continuó Beltrán, quien lamentó que la 'ley mordaza' se haya utilizado “específicamente” contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medio ambiente, “obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica”, y ha “impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información”.

La organización tiene en marcha una ciberacción en la que lleva recogidas casi 84.000 firmas para acabar con las violaciones de derechos humanos de esta ley.