En un segundo escalón, la Fiscalía acusa igualmente de rebelión a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para los que pide 17 años de prisión, por considerarlos también “jefes” que encabezaron el `procès´.

Para el exconseller de Interior Joaquim Forn y otros cuatro exconsellers encarcelados, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, solicita 16 años de cárcel.

El ministerio público que dirige María José Segarra sigue así el criterio mantenido por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, que ha defendido la tesis de que lo que se produjo en Cataluña fue un alzamiento violento.

Los exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila están procesados por desobediencia y malversación y para ellos solicita siete años de cárcel, mientras que los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluis Guinó y Joan Josep Nuet, y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados de desobediencia, sólo de enfrentan a penas de inhabilitación.

JUNQUERAS

El ministerio público pide para Junqueras la mayor pena al entender que su papel como líder del `procès´ fue esencial durante su mandado como vicepresidente de la Generalitat. Por eso, se enfrenta a un delito de rebelión agravado con malversación de caudales públicos.

La Fiscalía tambien atribuye esos dos delitos a los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, para los que, sin embargo, solicita 16 años de cárcel. Precisamente este viernes se cumple un año de la prisión preventiva para Junqueras y para Forn.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, a su vez ha presentado su escrito de calificación en relación al exmayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluís Trapero, al que también acusa de rebelión, en vez del delito de sedición que fue el primero que le atribuyó durante la instrucción de la causa por la jueza Carmen Lamela. Ahora cambia su criterio por el de rebelión en consonancia con la decisión del ministerio público en el Tribunal Supremo.

ACCIONES INTIMIDATORIAS

Los fiscales argumentan que los independentistas intentaron a toda costa conseguir la independencia de Cataluña y para ello usaron todos los medios a su alcance, llegando a emplear la violencia, dentro de la que encuadran lo que consideran fuerza intimidatoria de las “acciones tumultuarias” que se produjeron durante las movilizaciones del 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía y en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Destacan también que en esos días la actuación de los Mossos d´ESquadra se limitó a obedecer las órdenes de la Generalitat dirigidas a proteger a toda costa la celebración del referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

ABOGACIA DEL ESTADO

La Abogacía del Estado también presenta este viernes su escrito de calificación en la causa que sigue el Tribunal Supremo en relación al `procés´ independentista contra los 18 acusados que ese encuentran en España. En él les acusa de sedición y malversación y no de rebelión, como sí ha hecho la Fiscalía.

La Abogacía del Estado, que ejerce la acusación en nombre del Estado y defiende sus intereses, depende directamente del Ministerio de Justicia, por lo que resulta relevante que considere que no se han dado las circunstancias de violencia que se requieren para calificar los hechos del pasado otoño en Cataluña como rebelión.

La Abogacía del Estado se personó tarde en la causa que el Supremo sigue por el `procès´, tras valorar que para la celebración del referéndum ilegal se podrían haber desviado fondos públicos a la celebración de la consulta, lo que podría constituir un delito de malversación. Solicitó la apertura de juicio oral por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, por lo que su calificación de este viernes supone un cambio de criterio llamativo.

Durante la instrucción, la representación legal del Estado ha respaldado el criterio de la Fiscalía sobre la existencia de violencia en los hechos ocurridos en octubre hasta la declaración unilateral de independencia y, por tanto, sobre la comisión de un delito de rebelión.