Ese consenso quedó plasmado en la votación de hoy. 306 fueron los votos a favor de una reforma pactada únicamente entre el PSOE y el PP, a la que sumaron sus apoyos la portavoz de UPyD, Rosa Díez, y Carlos Salvador (UPN). El resto de los grupos parlamentarios fue crítico, desde el tibio reproche de CiU a la incompatibilidad sobrevenida, que motivó su abstención, hasta el rotundo rechazo del PNV, ERC-IU-ICV y Nafarroa Bai.

En nombre de los socialistas, Txiki Benegas defendió la "legalidad" de la Ley de Partidos y de los nuevos preceptos, a los que reconoció un valor "instrumental" que tiene por objetivo impedir el acceso de Batasuna a las institucuiones.

Destacó sobre todo la importancia de que el plazo de ilegalización de candidaturas se extienda hasta la misma jornada electoral y la opción de anular candidaturas concretas de partidos legales, cuando sus miembros se nieguen a condenar la violencia.

El precepto más polémico es el de la "incompatibilidad sobrevenida", que tiene como objetivo que "quienes tienen que saberlo, sepan que vamos a taponar las vías para que no puedan encontrar resquicio legal alguno" para participar en las elecciones.

Puntualizó que la intención de los proponentes no es "perseguir partidos políticos, sino métodos" de estar en la vida pública, y en ese sentido abogó por impedir casos como el de Mondragón, donde una concejala se negó a condenar el asesinato de Isaías Carrasco y continuó con su cargo.

"INCOMPATIBILIDAD SOBREVENIDA"

Pese al interés de socialistas y populares en tramitar esta reforma por el procedimiento de urgencia, no ha sido posible por la oposición de ERC-IU-ICV, que retrasará pero no impedirá que esté plenamente vigente para las elecciones autonómicas y locales.

Uno de los aspectos más importantes de la modificación que afecta a la Ley de Partidos prevé la denominada "incompatibilidad sobrevenida", en función de la cual las personas electas que tomen posesión de sus cargos y después, por sentencia judicial "firme", se demuestre que pertenecen a un partido declarado ilegal, quedarán inhabilitadas salvo que en quince días y voluntariamente presenten una declaración "indubitada" de rechazo y condena de la violencia.

También con el único apoyo de PSOE y PP, la proposición contempla que una lista de un partido legal podría anularse por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical.

La reforma va más allá al proponer que si un cargo electo de Batasuna o fuerzas afines entra en una institución, sean ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales, pueda ser expulsado.

Bermúdez de Castro coincidió con Benegas al describir las intenciones de su partido al apoyar esta reforma e insistió en que "el Estado de Derecho no puede aceptar espacios de impunidad" y debe trabajar por que "ETA no alcance sus objetivos".

A partir de ahora, dijo, "al Gobierno le corresponde aplicar" los preceptos que cierren el acceso de los violentos a las instituciones democráticas, y mientras tanto "el PP estará vigilando".

Bermúmez de Castro hizo un llamamiento para "no rebajar el listón", puesto que "hay informes policiales que dicen que ETA no tiene ninguna intención de abandonar las armas". A su juicio, para acabar con la violencia sólo caben dos opciones: "o su derrota, o su rendición", porque en esta batalla "habrá vencedores y vencidos".

En nombre del PNV, Aitor Esteban aseguró que esta reforma se ha hecho a espaldas de la subcomisión de reforma de la Ley Electoral y criticó especialmente la creación de una vía administrativa de anulación de candidaturas, cuando ese trámite debería depender de un procedimiento penal.

Arremetió especialmente contra el establecimiento de una "incompatibilidad sobrevenida" para los cargos de partidos que sean declarados ilegales, por ir en contra del sistema parlamentario, que asigna la representación directamente al candidato y no a los partidos.

Además, arremetió en especial contra la "inseguridad jurídica atroz" que genera el hecho de que una lista pueda ser impugnada hasta el mismo día de las elecciones y contra la "tentación" de invalidar una candidatura una vez conocidos los resultados electorales.

CONTRA EL SIGNO DE LOS TIEMPOS

Joan Ridao (ERC) afirmó que esta proposición de ley "va en contra del signo de los nuevos tiempos" y puede significar trabas al proceso de paz, que debe ser "total, permanente, definitivo, unilateral, sin contraprestaciones y verificable internacionalmente".

Por su parte, Gaspar Llamazares (IU) insistió en que además del espacio policial y judicial, existe el político, que ahora se modifica "con mucha retórica, pero sin acuerdo con las fuerzas políticas" a las que PP y PSOE "han presentado un plato precocinado".

"Eliminar el acta de un representante público por un mecanismo administrativo y no penal", insistió Llamazares, convierte la legislación española en "un agujero negro".

Para Uxue Barcos (NaBai), lo importante es que su partido no está dispuesto a "admitir atajos" y a respaldar una reforma cuyo objetivo, la paz, comparten, pero para la cual no contemplan "la herramienta" propuesta por los partidos mayoritarios.