La diputada Eva García Sempere aseguró en rueda de prensa que el contenido de esa declaración "no debería hacer temblar a ningún grupo de la Cámara", y cargó contra quienes no consideran "urgente" combatir el fascismo después del reciente ataque antisemita en Estados Unidos o la alerta de Europol sobre la duplicación de los delitos relacionados con brotes xenófobos en 2017.

García Sempere señaló al PP y Ciudadanos como los grupos que se oponían a la declación, pero fuentes de Ciudadanos precisaron después que han propuesto algunos matices y están a la espera de la respuesta de la coalición, aunque en todo caso estaban dispuestos a firmarla.

La declaración, explicó la diputada, es casi "un calco" de la que aprobó la semana pasada el Parlamento Europeo, acota "muy bien" lo que se entiende por neofascismo y no hay motivo para abrirla "a otra serie de cuestiones", como el terrorismo de ETA, a petición del PP, que se pueden proponer en otras declaraciones institucionales.

El portavoz adjunto del PP José Ignacio Echániz explicó que su grupo no suscribirá un texto “neocomunista” donde “falta la mitad de la historia y del problema” que se intenta abordar, ya que a lo largo de la historia ha habido “fascismo de izquierdas y de derechas”.

Incidió en que el PP está “absolutamente en contra del fascismo”, pero “de todos los fascismos, todo el odio y toda la violencia y no solo la que se ha generado por una parte”. Criticó que en el texto no haya referencia a ETA o a los “asesinatos a las víctimas del fascismo de izquierda abertzale”.

Por ello, rechazó esta solución “de carácter parcial” con la que interpretó que el grupo proponente busca “instrumentalizar” el Congreso de los Diputados para sus “intereses políticos particulares”.

La declaración propuesta por Izquierda Unida a los demás partidos subraya que el Estado español "se fundamenta constitucionalmente sobre los valores del respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías".

"FALTA DE ACCIONES DECIDIDAS"

"Consideramos que la falta de acciones decididas contra los grupos neofascistas y neonazis ha permitido el auge actual de la xenofobia a nivel mundial y europeo, incluido nuestro país. Estos grupos incitan al odio y la violencia en la sociedad, ante lo que es preciso recordar lo que fueron capaces de hacer en el pasado. Es así que en el presente, espoleados por el resurgir de un nuevo fascismo, hemos de señalar cómo desde estos grupos están quitando la vida a miles de personas diversas, de refugiados y migrantes a miembros de minorías étnicas y religiosas, de personas LGTBQI, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente a activistas, políticos y miembros de las fuerzas policiales", prosigue el texto.

La declaración desgrana algunas de las agresiones y amenazas denunciadas en los últimos meses en toda Europa y en otros lugares del mundo. "En España se han documentado por SOS Racismo hasta 309 casos de violencia xenófoba en 2016 y diversos grupos de extrema derecha y nostálgicos de la dictadura militar franquista han sido investigados o condenados en los últimos años en nuestro país por delitos de odio o ataques violentos", alerta.

Por ello, sigue, "condenamos todas las formas de negación del Holocausto, incluidas la trivialización y minimización de los crímenes cometidos por los nazis y sus colaboradores, así como abogamos por una cultura común que rechace los crímenes fascistas del pasado".

"Condenamos por tanto enérgicamente la violencia perpetrada por grupos neofascistas contra minorías concretas, como europeos negros y personas de ascendencia africana, judíos, musulmanes, población romaní, nacionales de terceros países, personas en situación de pobreza severa y sin hogar, personas LGTBQI y personas con discapacidad. También condenamos las amenazas y ataques violentos crecientes por parte de la extrema derecha contra miembros de partidos políticos en España", agrega.

En un momento "crítico" para la democracia en el mundo, la declaración deja claro que los grupos neofascistas y neonazis no tienen cabida legal en ella, "como tampoco ninguna otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo". Además, reclama "intensificar la formación en memoria democrática en todos los niveles educativos como un modo de contrarrestar el auge del neofascismo" y urge a "emprender acciones efectivas" para combatir el auge del neofascismo.