En el texto que se propone para su votación, al que tuvo acceso Servimedia, se emplaza al Ejecutivo a condenar una “dictadura” que “está causando crisis económica, política y humanitaria y que está expulsando a millones de venezolanos de su país”.

Así, el Congreso pedirá al Gobierno que se posicione “claramente” sobre esta “grave crisis” y que apruebe la creación de un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España que les conceda un permiso de residencia temporal, acceso a atención sanitaria y la obtención de permiso de trabajo.

Según trasladaron a Servimedia fuentes parlamentarias, el PP ha pactado esta transaccional con Ciudadanos, PDECat, UPN y Coalición Canaria, por lo que contaría con los votos favorables para pedir al Gobierno que “impulse la defensa de la democracia en Venezuela y de los derechos humanos de los venezolanos”.

En nombre del grupo impulsor de la proposición no de ley, el responsable de Exteriores del PP, José Ramón García-Hernández, rindió homenaje “a los más de 400 presos políticos que siguen en Venezuela” y pidió directamente al PSOE que diga “basta” a esta situación desafiando “la mediocridad moral” de Maduro.

“Debemos abrir un canal humanitario, no un canal de diálogo”, sentenció el parlamentario del Grupo Parlamentario Popular, para acto seguido enfatizar que “no podemos estar de lado” de la realidad que vive Venezuela estando “en el lado equivocado de la historia”.

Ana Oramas (Coalición Canaria) resaltó que “estamos hablando de un drama humanitario” a pesar de que haya a quien “le interese más el tema político”. “Es importante tener una posición europea y que la lidere España y el Gobierno del PSOE tiene que liderar esa posición europea en la parte política”, sentenció.

Por parte de UPN, Salvador Armendáriz compartió con el PP la “terrible situación” que vive el pueblo de Venezuela, “un pueblo hermano”, y alertó del “colaboracionismo” de partidos como Podemos con la “dictadura”. “Son a España lo que Maduro a Venezuela”, les recriminó.

En palabras de Oskar Matute (EH Bildu), esta iniciativa del PP no se puede apoyar al parecerse “a una declaración de guerra para apoyar una campaña contra el Gobierno legítimo de Venezuela”. “¿Nos hablan de impulsar la democracia ustedes que traen la Ley Mordaza por bandera?”, preguntó a la bancada popular, a la que acusó de rechazar la diplomacia.

En su turno de fijación de posiciones, Joan Baldoví (Compromís) consideró “curioso” que el PP hable de Venezuela mientras otros países, como Arabia Saudí, Guinea, Israel, China, Filipinas o Marruecos, no son traídos a debate. “Hipocresía, muchísima”, valoró.

El parlamentario del PDECat Jordi Xuclà pidió “consenso” en esta materia y “no somatizar los debates políticos internacionales como debates de política interna para desgaste y erosión entre grupos”. “Venezuela requiere reconciliación; se ha producido una grave degradación de la convivencia”, reivindicó, antes de apelar a la “democracia” para responder ante la “intolerancia”.

En su turno, el diputado de Cs Fernando Maura denunció la “narcodictadura de Maduro” que “mantiene en prisión a centenares de presos políticos”. En su enmienda a la proposición, la formación naranja pidió diseñar un plan de acogida para los exiliados venezolanos objeto de la protección temporal para garantizar su inserción en el mercado laboral y su pleno acceso a los servicios sociales, así como el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado.

Pidió “condenar la dictadura de Maduro”, que España “no se quede atrás” y “lidere” la posición europea. “Queremos que por fin se convoquen elecciones auténticamente libres y que pongan fin a este drama, a este horror y a esta verdadera vergüenza internacional”, sintetizó.

En nombre del PSOE, Salvador de la Encina preguntó al PP “dónde aparece la palabra diálogo” en su iniciativa y defendió su enmienda, que apuesta “por la única vía que cabe” y es que “esto se resuelve con diálogo, participando por y para los venezolanos, sin injerencias”, en la línea que está haciendo la Unión Europea y el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Así, pidió al PP que “no haga trampas” con “un problema tan complejo donde España quiere manifestar solidaridad y ayuda de todos los ámbitos, como Gobierno y partido, con este pueblo hermano de Venezuela”.

Cuando llegó su momento, Mikel Legarda (PNV) criticó la forma en la que PP y Cs “afrontan la crisis de convivencia” en Venezuela: con “palo y nada de diálogo” y dejando “la política fuera” en vez de usar “la fuerza de la política”. Incidió en que “los problemas políticos necesitan soluciones políticas y diálogo”.

La parlamentaria de ERC Ana María Surra espetó a los diputados populares que no son “nadie para dar lecciones de democracia” y que no tienen “legitimidad” para hablar de si existen o no presos políticos en otros países. Recordó, asimismo, que hace dos siglos que los países latinoamericanos dejaron de ser colonia española.

Por último, el representante de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, cargó contra los populares por querer “criminalizar a sus adversarios políticos” con Venezuela. “A los demócratas que temen por su suerte, les decimos que España no les va a dejar solos, que España va a estar a su lado”, manifestó.