Los portavoces del PSOE, PP, CiU y PNV defendieron la toma en consideración de la proposición de ley en la que se plasman las conclusiones de la subcomisión que durante dos años y medio ha estudiado esa reforma, a la que se oponen los partidos minoritarios por entender vulnerado el principio constitucional de proporcionalidad.

La reforma modifica el formato de la papeleta del Senado pero no el modo de elección de senadores, ya que la subcomisión descartó cualquier modificación que implicara retocar la Constitución.

Establece el voto en urna en los consulados para los residentes en el exterior, que no podrán votar en las elecciones municipales, y las sacas se enviarán a España por valija diplomática.

Este punto es el motivo esencial del voto en contra de Coalición Canaria, cuyo portavoz, José Luis Perestelo, confirmó que el Gobierno de las islas interpondrá recurso de inconstitucionalidad por entender que se vulnera el derecho de los residentes en el exterior a votar en igualdad de condiciones que los demás españoles.

Una de las principales reformas es la que exige que las mociones de censura en los municipios sean respaldadas por tantos concejales añadidos a la mayoría como tránsfugas la apoyen, y prácticamente todos los portavoces coincidieron en que con ello aumentará la limpieza de la vida municipal.

Además, se reducen la publicidad y la propaganda electoral, los gastos de los partidos en campaña electoral, y se elimina la equiparación de las televisiones privadas y públicas en campaña.

La reforma permitirá que los votantes metan directamente su papeleta en la urna, y acomete otras modificaciones formales, en gran parte sugeridas por la Junta Electoral Central, en cuanto a la actualización del censo, su cierre, impugnaciones o medidas para evitar el fraude.

En ese sentido, por ejemplo, para garantizar “el arraigo” de los candidatos en la circunscripción, como explicaba Jordi Xuclá, de CiU, se exige a quienes no tengan representación por la convocatoria anterior el aval del 0,1% del censo.

El socialista José María Benegas subrayó que no hay ley electoral perfecta ni sistema electoral “a la carta”, reflexión con la que coincidió el portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, que alertó además a los partidos minoritarios de que no pueden “responsabilizar a los demás” de su pérdida de votos y deberían más bien preguntarse si su estrategia ha sido acertada.

El peneuvista Aitor Esteban, que respaldó la reforma, anunció no obstante que su grupo intentará modificar a lo largo del trámite algunas cuestiones introducidas a última hora como la proporcionalidad que se ha establecido entre juntas electorales para imponer multas.

Para Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, la reforma legitima “el pucherazo” porque en la práctica “se arrebatan votos a las minorías” para aumentar la representación de los partidos mayoritarios, con lo cual se “deforma” la voluntad expresada por los electores y se deja “en la clandestinidad” a fuerzas como la suya.

En la misma línea, el portavoz de ERC, Joan Ridao, acusó a los partidos mayoritarios de “perpetuar la desigualdad” de los ciudadanos y de fomentar una “extrema polarización” de la representación política, que no se corresponde con la real entre los ciudadanos y que contribuye a dificultar los acuerdos.

Rosa Díez, diputada de UPyD, se refirió a esa reforma como la “ceremonia de santificación de un fraude de ley, la chapuza y la burla” porque se vulnera el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones.

También para Francisco Jorquera, del BNG, se ha desaprovechado la oportunidad de corregir la “sobrepresentación” de los grandes partidos, y juzgó además “insuficiente” la modificación del voto de los residentes en el exterior por entender que debería limitarse también en las elecciones autonómicas y generales.