Dijo que sería “aconsejable” que ese marco normativo fuera posterior a la nueva Ley Orgánica de Universidades que el Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades se ha propuesto elaborar.

Asimismo, se refirió a la necesidad de poner en marcha un Plan de Financiación “que permita una planificación rigurosa de la actividad de nuestras universidades públicas en función de la previsión de los recursos económicos, para así movernos en un marco previsible”.

Indicó que el objetivo es conseguir un incremento general entre el 18% y el 20% en la financiación hasta 2023 sobre la financiación de este año 2018.

Van Grieken recordó que con todas las universidades se establecería un contrato programa que garantizaría una adecuada programación financiera, incluyendo una parte variable en función de objetivos consensuados entre cada universidad y la Administración.

El consejero afirmó que tendrían una vigencia de cuatro años, si bien cada año podrían renovarse si hubiese presupuesto para su ampliación con acciones complementarias.

INVERSIÓN

Por otro lado, explicó que la inversión del Ejecutivo autonómico en las universidades públicas, 979 millones de euros en 2018, supone un 58% de los ingresos de estos centros de educación superior y el 0,43% del PIB regional.

El consejero, que hizo estas declaraciones en el Pleno monográfico sobre universidades celebrado en la Asamblea de Madrid, dijo que “esta inversión ha revertido en la economía madrileña con un 2,05% del PIB regional y un 2,14% de las rentas salariales de la Comunidad”.

Además, añadió, los empleos totales generados en la Comunidad de Madrid por la actividad de las universidades públicas madrileñas supusieron el 2,12% del empleo a tiempo completo en la región, además de la generación de 44 empleos por cada millón de euros invertidos.

Asimismo, felicitó a todos los agentes que hacen posible que la “universidad madrileña funcione bien, tanto en lo académico, porque está sometida a los sistemas de acreditación y evaluación que establece la normativa europea derivada de Bolonia, como en lo económico, ya que todas las universidades, sus organismos, entes y sociedades dependientes están sometidas a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid".

Informó de que actualmente hay más de 290.000 alumnos en las universidades madrileñas, de los que más de una cuarta parte provienen de otras comunidades autónomas y otros 30.000 son estudiantes extranjeros, lo que representa casi el 10% del total.

MEDIDAS SOCIALES EN BENEFICIO DE TODOS

Asimismo, hizo “un buen balance de legislatura” en cuanto al aspecto universitario, ya que se han puesto en marcha medidas sociales que han beneficiado a miles de estudiantes y a las propias universidades.

Destacó la bajada de los precios públicos de los estudios universitarios oficiales durante cuatro años consecutivos, una reducción del 22,5% en las tasas de grado y un 35% en las de máster.

También se refirió al aumento en la financiación nominativa de las universidades públicas, que se ha visto incrementada desde el curso 2015/16 con compensaciones equivalentes a las reducciones en las tasas de los estudiantes.

La cuantía incrementada de las nominativas de las universidades por este concepto supera los 126 millones de euros, dijo el consejero, quien indicó que la política de becas con diferentes convocatorias por valor de casi 35 millones de euros, entre ellas la nueva convocatoria de becas socioeconómicas para aquellos alumnos con situación más desfavorable.

Aseguró que “se garantiza así, junto con la bajada de tasas, que nadie que lo merezca se quede sin la oportunidad de estudiar”, y respecto a las plantillas, afirmó que el Consejo de Gobierno aprobó a finales de agosto la convocatoria de 966 nuevas plazas de personal indefinido entre docentes, investigadores y personal de administración y servicios para todas las universidades públicas madrileñas: 89 plazas en la Universidad de Alcalá, 93 en la Autónoma, 42 en la Carlos III, 420 en la Complutense, 176 en la Politécnica y 146 en la Rey Juan Carlos.