Así se desprende del informe ‘¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo’, presentado este miércoles por los autores del estudio, Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso Sánchez.

El estudio plantea que derogar la reforma de pensiones de 2013 sin medidas alternativas que compensen los gastos supondría que, en promedio durante el próximo medio siglo, añadir entre 3 y 3,6 puntos del PIB al déficit anual del sistema de Seguridad Social, dependiendo de la evolución de los flujos migratorios.

Fedea plantea varios escenarios y considerando el mejor entorno con una inmigración lo más favorable posible, la organización cree que no podría derogarse la reforma “a la ligera” porque “comportaría costes muy elevados y plantearía serios problemas de equidad intergeneracional”.

El informe sostiene que suprimir la reforma sin medidas de ingresos va a acarrear un aumento “considerable” del gasto que podría “desequilibrar” las cuentas de la Seguridad Social durante las próximas décadas, abocándolo a un ajuste “abrupto” que comportaría una reducción de las pensiones de hasta un 50%.

En el caso de que se derogue la reforma y no se tomen medidas, se requerirá una “fuerte inyección” de recursos al Sistema, que podrían provenir de una subida de las cotizaciones sociales o de un incremento de las aportaciones del Estado financiadas con impuestos.

En este escenario, el incremento de la presión fiscal se producirá sobre ciertas cohortes de activos presentes y futuros que “tendrá que ser injustamente grande”. En concreto, Fedea calcula que las pensiones podrían llegar a absorber hasta un tercio de las rentas totales del trabajo, lo que implicaría aumentar las cotizaciones, al menos, un 50%, o incrementos equivalentes de impuestos, lo que “tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión y sobre la renta disponible” de los ocupados. Al mismo tiempo, dejaría sin margen de maniobra fiscal de cara a la financiación de otras necesidades como sanidad o dependencia.

Si el déficit se financia emitiendo deuda pública, ésta aumentará “rápidamente” hasta niveles “insostenibles”, según la organización.

PROPUESTAS

Fedea propone la extensión gradual del periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral, un nexo automático entre la edad de jubilación y la esperanza de vida en salud y un sistema que establezca una estrecha relación entre las pensiones y las aportaciones realizadas.

Para la revalorización de las pensiones, Fedea considera que las mínimas deben ligarse al IPC y para el resto se debe buscar un índice que tenga en cuenta el IPC, los ingresos y los gastos del Sistema, lo que “suavizaría considerablemente los efectos del IRP” y “seguiría contribuyendo a frenar en alguna medida el crecimiento del gasto cuando el Sistema esté en déficit”.

Para el director de la organización, Ángel de la Fuente, “sí que hay margen para suavizar la peor parte del IRP”, pero “seguramente no podemos permitirnos simplemente dar marcha atrás a la reforma de 2013 y volver a la situación anterior”.

En cualquier caso, apuntó que “la mejor garantía posible del Estado de bienestar es una economía saludable y que crezca a buen ritmo” y una de las “primeras prioridades” de la política económica tiene que ser fomentar el aumento de la productividad.

Además, hizo una llamada a la “responsabilidad” de los partidos políticos, ante la pregunta del uso de los pensionistas con fines electoralistas que se está haciendo.

De la Fuente pidió hacer una labor de pedagogía y de concienciación, porque “todos queremos tener pensiones lo más altas posibles, pero no hay nada gratis”.