Calviño subrayó, en entrevista en Onda Cero, que todo lo que afecta a las hipotecas es “tremendamente importante y sensible en nuestro país” desde el punto de vista legal y económico por sus implicaciones sobre los ciudadanos, el sector financiero y en este caso además sobre la Hacienda Pública.

La ministra subrayó la importancia de garantizar “seguridad jurídica” y “tener las reglas de juego claras” y se congratuló de que Supremo haya convocado su Pleno, integrado por una treintenta de magistrados, para clarificar la dirección del fallo.

Reconoció que, al tratarse de impuestos y su devolución, tendrá “implicaciones fiscales” por lo que su departamento, junto al de Hacienda, se encuentran ya analizando los posibles efectos. Si se confirma, según algunos expertos, serían las agencias fiscales autonómicas las que deberían hacerse cargo de la devolución del tributo aunque posteriormente se lo exigiesen a las entidades financieras.

Algunos cálculos cifra el impacto potencial entre 3.000 y 9.000 millones de euros, dependiendo del alcance y la capacidad de retroceder la reclamación con efectos retroactivos o no. Otros entienden que el fallo no podría aplicarse de manera retroactiva.

En cualquier caso, Calviño se mostró cauta y no quiso elucubrar sobre las implicaciones fiscales al carecer aún del análisis iniciado. “No me gustaría añadir más ruido hasta disponer del análisis”, se excusó.

Tras mostrar “total respecto” con las decisiones judiciales, sí subrayó que las implicaciones de las sentencias “hay que tenerlas en cuenta desde una perspectiva” por la repercusión tanto entre los consumidores, como la banca que ha sufrido pérdidas milmillonarias en su capitalización en bolsa, como en el “ámbito fiscal”.

A preguntas directas de si la banca ha podido influir en que el Supremo revise el polémico fallo, Calviño aseguró no conocerlas. “Yo no tengo conocimiento sobre ningún tipo de información” al respecto”, refirió, animando a no especular sobre presiones en un tema tan “delicado”.

La ministra desveló que espera que el texto normativo de la futura ley hipotecaria que se implantará por transposición de una directiva comunitaria podría estar listo en el Congreso en un par de semanas para su remisión al Senado, y que redundará precisamente en un refuerzo de la protección de los ciudadanos hipotecados. Sin embargo, detalló que no será ahí donde se adopten medidas si la sentencia del Supremo deviene firme como se espera, sino que el Gobierno tendrá que articular las medidas que considere oportunas al margen de dicha normativa.