Este nuevo recurso, pionero, según el Ayuntamiento, al apostar por la figura del coordinador de parentalidad, ha logrado desde su puesta en marcha acabar con las listas de espera en los puntos de encuentro familiar, que en el pasado mes de agosto era de 70 familias.

Higueras celebró que Madrid cuente con un centro de estas características, que va a permitir, entre otras cosas, abordar de manera más integral la situación de los niños que sufren un alto nivel de conflicto por la ruptura de la convivencia de sus padres y atenuar el impacto negativo de estas crisis familiares en sus vidas.

Según el Ayuntamiento, el CIP ofrece un espacio físico idóneo, neutral y seguro para llevar a cabo los cuatro servicios que oferta a las familias de todos los distritos de la ciudad: coordinación parental, punto de encuentro familiar, orientación psicosocial especializada en situaciones de ruptura e intervención grupal para la prevención en familias en situaciones de ruptura.

Este recurso cuenta con un equipo interdisciplinar de 10 profesionales (psicólogos, trabajadoras sociales, coordinadores parentales, abogados y mediadores) y va a formar parte de un proyecto piloto para implantar la figura del coordinador de parentalidad. El proyecto ha sido promovido por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.

Además, la dirección de familia e infancia, adscrita al Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, trabaja con un grupo de expertos coordinado y promovido por el Consejo General del Poder Judicial en el que están integrados el Colegio de Abogados de Madrid, la fiscalía de familia, la de violencia de género, magistrados de varios juzgados de familia y violencia de género, equipos psicosociales y Audiencia Provincial.

El acceso de las familias es por derivación de los órganos judiciales y administrativos al Ayuntamiento. El horario del CIP es de martes a domingo y la gestión corre a cargo de la Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores (Aprome), cuyo contrato de tres años de duración alcanza 1,4 millones de euros.