Esta plataforma, creada en 2016, la forman Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), Ecologistas en Acción, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), revista ‘Quercus’, SEO/BirdLife, Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (Siece) y WWF España.

Esas entidades urgen en la misiva a mejorar el real decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Así, consideran necesario que la normativa sea de aplicación en todo el territorio nacional y no sólo en las llamadas ‘zonas de protección’, como se encuentra actualmente. “Las aves no entienden de límites administrativos y mueren electrocutadas o colisionadas por toda la geografía española con independencia de que sean zonas protegidas o del grado de protección que ostenten”, apuntan.

Por otra parte, desde SOS Tendidos Eléctricos señalan que, al margen de las subvenciones que se puedan conceder para corregir tendidos, asumir estos costes debe partir de las grandes compañías eléctricas, por lo que instan a que la corrección de tendidos peligrosos no dependa de la existencia de fondos públicos que financien las adaptaciones de las líneas.

"Como responsables de la mortalidad de aves que causan con su actividad empresarial son estas empresas las que deben hacer lo necesario para compatibilizar su negocio con la conservación de la biodiversidad o, en caso contrario, responder por incumplimiento de su obligación legal de mitigar el problema que han generado", indican.

El último punto que ponen sobre la mesa es la reorientación de las ayudas públicas que actualmente se destinan sobre todo a grandes compañías y que, para SOS Tendidos Eléctricos, se deben focalizar en la corrección de las líneas eléctricas peligrosas de propiedad particular, que muchas veces no pueden ser costeadas por los pequeños propietarios.

Además, recuerdan que el Ministerio para la Transición Ecológica debe adaptarse a la sentencia 88/2018 de 19 de julio del Tribunal Constitucional, que establece que son las comunidades autónomas las competentes para distribuir las ayudas públicas previstas en el real decreto 264/2017. Por otro lado, SOS Tendidos Eléctricos solicita un plan de actuación para la corrección de los miles de kilómetros de tendidos peligrosos distribuidos por la geografía española.