En declaraciones a Antena 3 recogidas por Servimedia, Bel denunció que algunas de las medidas que incluye el acuerdo parecen hechas “con carácter electoralista”, pues son “más propias de un programa electoral que de un Presupuesto”, y “más de cara a la galería” que unas cuentas “que tuvieran obligación de cuadrar”

Incluso entre las medidas de carácter económico, el diputado del PDECAt señaló que la subida del Salario Mínimo Interprofesional se aprueba generalmente por real decreto y no como parte de las cuentas públicas. También dijo que le “gustaría ver cómo cuadran” los ingresos y que algunos impuestos tampoco “cuadran” con el enfoque del PDECAT, y que la rebaja de la cotización de los autónomos les parece “razonable” siempre y cuando no baje la base de cotización.

Sobre las inversiones en Cataluña, dijo que “habrá que ver cómo se concretan” y “dónde están”, porque sin detalle no le “merece confianza una declaración de este tipo”. Además, Bel insistió, coincidiendo con el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, en que “no vamos a votar estos Presupuestos si no hay un movimiento en relación a la situación de los presos” y también sobre la manera en que los catalanes van a decidir su futuro.

Respondiendo al reto del Gobierno y Podemos, que vienen señalando que los votantes catalanes no entenderían que el PDECat y ERC no apoyaran unos Presupuestos que mejoran la vida de todos los españoles, incluidos los catalanes, Bel contestó que el veto por los presos “seguro que en Cataluña lo entenderían perfectamente”, porque no se puede asumir su prisión preventiva “como una situación de normalidad”. En su opinión, que desde el Ejecutivo digan “que no pueden hacer nada en cuanto a dar instrucciones a la Fiscalía (para que retire las acusaciones) no tiene credibilidad”.

El portavoz del PDECat apuntaló sus acusaciones de falta de credibilidad con la contradicción entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet; la primera dijo que el Ejecutivo derogaría el decreto de su predecesor del PP que facilitó el traslado de la sede social de grandes empresas catalanas y la segunda lo desmintió.

Bel enmarcó estas discrepancias entre las “habituales contradicciones” del Gobierno, con “ministros que corrigen a ministros”, y, aunque reconoció que el gesto tendría “más un carácter simbólico que efectivo a corto plazo”, recordó que la supresión del decreto la han pedido tanto el Gobierno catalán como la patronal de las pymes catalanas y que “contribuyó a que algunas empresas pudieran cambiar su domicilio de forma tan rápida”.