La consejera, que compareció para explicar los detalles de la agrupación de la jurisdicción penal que el Gobierno regional está impulsando en la capital, dijo que “se trata de la mayor inversión en infraestructuras judiciales en Madrid desde que el rey Juan Carlos inaugurara, hace 40 años, los juzgados de Plaza de Castilla”.

Asimismo, enmarcó la puesta en marcha del nuevo núcleo penal en la apuesta del Gobierno regional por “mejorar las infraestructuras judiciales al considerar la Justicia no solo como un derecho inalienable de los ciudadanos, sino, también, como un servicio público fundamental, motor de desarrollo humano y económico, y que, por tanto, debe prestarse en las mejores condiciones posibles”.

Por este motivo, añadió, la Comunidad de Madrid puso en marcha el año pasado un plan de modernización de las infraestructuras judiciales que cuenta con un presupuesto de 19,7 millones de euros en este ejercicio, casi el triple que en 2017 y 30 veces más que al inicio de la legislatura.

Dijo que entre las prioridades de este plan figura el nuevo núcleo penal, que va a concentrar 56 juzgados en tres edificios, situados en un radio de 100 metros.

Ibarrola declaró que en el nuevo edificio del número 31 de la calle Albarracín se ubicarán los 11 juzgados de Violencia sobre la Mujer, 14 juzgados de lo Penal y seis juzgados Penales de Ejecutorias. Además, añadió, “contará con las dependencias relacionadas con la Fiscalía, la Oficina de Asistencia a Víctimas y la unidad de Policía adscrita”.

Por su parte, en el número 37 de la calle Hermanos García Noblejas se mantendrán todos los juzgados de Menores y dependencias asociadas, como la Fiscalía específica o el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

A ello se suma que en una ubicación cercana se encuentran las oficinas de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad.

La última pieza del nuevo núcleo penal es el edificio de la calle Julián Camarillo, 11, donde se ubicarán 18 juzgados de lo Penal y la Fiscalía de lo Penal.

La consejera indicó que este núcleo va más allá de un simple agrupamiento de juzgados, al permitir mejoras sensibles en la jurisdicción penal. Destacó que se logra un incremento de la superficie judicial disponible de 12.000 metros cuadrados y se acaba con los problemas que genera la dispersión de sedes, desde disfunciones administrativas hasta suspensiones de vistas por retrasos o inasistencia de las partes. “No debemos olvidar que, en la situación anterior, justiciables y agentes jurídicos tenían que padecer sedes distanciadas entre sí hasta por 12 kilómetros”, explicó.

Además, indicó, se han mejorado las dependencias judiciales, atendiendo las demandas de los profesionales de la Justicia y poniendo una especial atención a las necesidades de las víctimas de delito, especialmente las de violencia de género y los menores.

“El mejor ejemplo de esto es el planteamiento funcional y dotacional de la nueva sede de la calle Albarracín, 31, que concentra la subjurisdicción de Violencia sobre la Mujer y donde se ha querido crear un espacio en el que las víctimas se encontrasen en un ambiente protegido y con la necesaria privacidad, evitando el contacto con el agresor, y los efectos perversos de lo que se denomina 'segunda victimización'”, señaló.

Para ello, según detalló Ibarrola, se ha planificado un sistema con entradas diferenciadas y recorridos internos configurables y se ha implantado la primera cámara Gessel de la región, que permite tomar declaración a las víctimas más vulnerables en un entorno más tranquilo y aislado respecto al victimario.

“De esta forma, las nuevas instalaciones permiten asegurar la libertad y la integridad física y psíquica de las víctimas y de sus familiares, proteger su intimidad y dignidad y neutralizar cualquier tipo de represalia o intimidación”, concluyó.