Esto se debe, según fuentes eclesiales consultadas por Servimedia, a que “el vigente de Código de Derecho Canónico subraya que no se deben realizar enterramientos en las iglesias, sin perjuicio de los derechos adquiridos con anterioridad, tanto por personas físicas como jurídicas, como es el caso de la cripta de Santa María la Real de la Almudena, que, por tanto, conserva su carácter de cripta sepulcral”.

En concreto el Código de Derecho Canónico afirma que "no deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso 'eméritos'", pero que "los derechos adquiridos, así como los privilegios hasta ahora concedidos por la Sede Apostólica, tanto a personas físicas como jurídicas, que estén en uso y no hayan sido revocados, permanecen intactos a no ser que sean revocados expresamente por los cánones de este Código".

Los derechos adquiridos de la familia Franco se basan en que tiene en propiedad una sepultura desde diciembre de 1987, como otras sepulturas que poseen “personas que contribuyeron a la construcción del templo –que se prolongó hasta 1993- o a su posterior mejora y mantenimiento”.

Según explicaron las mismas fuentes, la cripta de la catedral sirve actualmente como “sede de una comunidad parroquial” y fue construida en 1911 “como cripta sepulcral, por lo que desde esa fecha se realizaron enterramientos en ella”.

En este contexto, el Arzobispado de Madrid insistió este jueves en que la exhumación de los restos de Francisco Franco y el hipotético entierro en la cripta de la catedral de la Almudena, donde los Franco disponen de una sepultura, “es una cuestión que atañe al Gobierno y a la familia”.

El entorno del arzobispado añadió, no obstante, que sigue sin haber un contacto con la familia Franco para concretar un posible traslado de los restos a la cripta e insistió en que “la Iglesia no puede más que mostrar su efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado si así corresponde”, como también manifestó recientemente la Conferencia Episcopal, y apelar “al consenso” entre familia y Gobierno para resolver la cuestión.

Este mismo jueves, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ante el posible entierro en la cripta de la Almudena, aseguró que el compromiso del Ejecutivo es la exhumación de los restos del dictador de su ubicación actual, "no la inhumación", y que sólo se ocuparían de ésta si la familia se desentendiese y fuese "imprescindible" darles sepultura.