Dijo que, en un primer acuerdo, el Ejecutivo autoriza a sacar a concurso público, por 15,5 millones de euros, la gestión integral de los centros de ejecución de medidas judiciales para menores infractores El Laurel y El Lavadero, que están adscritos a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (Arrmi), dependiente de la Consejería de Justicia.

El objetivo de este contrato es la gestión, durante los próximos dos años, de las 85 plazas para jóvenes que cumplen medidas judiciales de internamiento en ambos centros.

Se trata en concreto de 40 plazas en el centro de El Laurel y 45 en el de El Lavadero.

El centro El Laurel está especializado en casos de maltrato a padres, paternidad responsable y violencia de pareja, mientras que El Lavadero dispone de, al menos, 15 plazas para la intervención terapéutica en desintoxicación de drogas y abuso de sustancias tóxicas.

Rollán señaló que la Arrmi gestiona seis centros de ejecución de medidas judiciales en la Comunidad de Madrid, cinco en Madrid capital y uno en Brea de Tajo.

Salvo este último, todos son de titularidad pública. Tres de ellos están gestionados de forma directa por la Comunidad, con personal propio, mientras que los otros dos lo están de forma indirecta mediante un contrato de gestión.

En total, los centros de Arrmi ofrecen 261 plazas en régimen cerrado, semiabierto y abierto para la atención a menores que cumplen medidas judiciales por distintos tipos de delitos.

Indicó que el segundo acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, por más de cinco millones de euros, va dirigido a la gestión de varios centros de día y de un grupo de convivencia adscritos a ARRMI para menores que cumplen medidas judiciales no privativas de libertad. Medidas como, por ejemplo, las que suponen tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, permanencia de fin de semana en domicilio, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad o la realización de tareas socio-educativas.

Señaló también que el último acuerdo aprobado, por valor de 1,8 millones de euros, es para el desarrollo de un programa de apoyo a la inserción sociolaboral y a un grupo educativo adscritos a Arrmi, durante los próximos dos años.

El programa para la inserción laboral va dirigido a 500 menores que cumplan medidas en régimen abierto y semiabierto a los que les permitan realizar en el exterior actividades socioeducativas y de inserción.

Por su parte, el grupo educativo, previsto para 50 menores cada año, está enfocado a aquellos jóvenes que cumplen libertades vigiladas, que no cuentan con apoyo familiar o institucional. Destacó que el año pasado, la Arrmi atendió a 2.661 menores, en ejecución de 3.220 medidas judiciales.

Un total de 550 menores y jóvenes participaron en acciones formativas de inserción sociolaboral impulsadas por la citada agencia, de los que 224 firmaron un contrato de trabajo. Rollán aseguró que el modelo de intervención de Arrmi alcanza una tasa de reinserción del 90 % entre los menores que pasan por la Agencia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad de Madrid es la región con la tasa más baja de infracciones penales cometidas por menores de entre 14 y 17 años por cada 1.000 habitantes. En concreto, la tasa fue del 7,4 % en 2017, cifra que es un 41,3 % mejor que la media nacional.

Rollán afirmó que Madrid es la comunidad con la tasa más baja de menores condenados por cada 1.000 habitantes, con una cifra del 4,7 %, un 37,3 % por debajo de la media nacional.