La proposición pretende ser, según Unidos Podemos, un “cambio de paradigma” equivalente al que supuso la Ley de Violencia de Género de 2004 para la consideración cultural de la violencia contra las mujeres, hace a los niños y adolescentes sujetos titulares de derechos y declara explícitamente prohibido cualquier acto de violencia contra los menores de edad, frente a la tolerancia “estructural” que existe actualmente en la sociedad con los castigos físicos a los hijos. En esa línea, reclama una adaptación del Código Penal a sus nuevos presupuestos.

En particular, el texto propone que los delitos sexuales contra menores no prescriban hasta los 30 años de cometidos, de forma que un hijo que los haya sufrido pueda denunciarlos con efectividad a posteriori, cuando ya no dependa económicamente de sus padres. Unidos Podemos ha escogido este plazo concreto de 30 años porque el Congreso de los Diputados ya aprobó por unanimidad hace unas semanas una proposición no de ley que lo contemplaba.

El hecho de que se prohiba esta violencia lleva aparejada la obligación de denunciar y, en el caso de las administraciones, de intervenir de forma inmediata si detecta algún caso de este tipo, de acuerdo con un protocolo específico. También se contempla la creación de un Comisionado de protección de la infancia, equivalente al Defensor del Menor que hay en algunas comunidades, y que tendría que ser independiente del Gobierno; para ello, Unidos Podemos propone que se nombre en elección directa de los ciudadanos.

Otra figura nueva que crearía esta ley, en caso de entrar en vigor, es la de un mediador en procesos judiciales, una especie de acompañamiento social que haga que los juicios resulten menos intimidatorios a los menores.

El texto de Unidos Podemos señala que todos los ámbitos profesionales que trabajan con niños tienen que recibir una formación específica, y recoge también el enfoque de género y la particularidad de los menores con discapacidad, cuya “especial vulnerabilidad” y necesidad de protección recogen dos artículos de la proposición, el 14 y el 33. Uno de los puntos que contempla es la necesidad de preguntar y dar voz a los niños con discapacidad.