El Ejecutivo mantiene, como ya ha dicho públicamente el presidente, Pedro Sánchez, varias veces que presentarán las cuentas públicas entre la “última semana de noviembre o la primera de diciembre para que puedan estar aprobados en el primer trimestre de 2019.

Sin embargo, fuentes gubernamentales reconocieron a Servimedia que un posible adelanto electoral de Susana Díaz en Andalucía podría hacer cambiar esa previsión.

Si la presidenta de la Junta de Andalucía convocase elecciones para la primera semana de diciembre, algunas fuentes socialistas sitúan la cita con las urnas el domingo 2 de diciembre, el Gobierno buscaría evitar que los PGE y los posibles acuerdos para su aprobación entren en juego durante la campaña electoral andaluza.

En el Gobierno se muestran seguros de que habrá un acuerdo con Podemos, así como con PNV sobre los PGE, y que éste anime a las formaciones catalanas a respaldar esas cuentas públicas, en la que además habría una mayor sensibilidad hacia Cataluña respecto a los últimos presupuestos que facilitaría que los diputados de ERC y PDECat no torpedeen los Presupuestos durante el trámite parlamentario.

Consideran que la situación de estos días tras el ‘ultimátum’ del presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha modificado en gran medida la relación con los representantes de las formaciones soberanistas en Madrid porque cree probado que Torra actuó por su cuenta y que la negociación de las cuentas va por otro lado.

Al margen del impacto que las elecciones en Andalucía pueda provocar en los PGE, el Ejecutivo trabaja con la estrategia, según las fuentes consultadas, de que las cuentas puedan estar aprobadas para finales del primer trimestre de 2019 de forma que estén aclaradas la financiación y los proyectos antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS

Hasta el momento el Gobierno ha centrado la negociación presupuestaria en alcanzar un acuerdo con Unidos Podemos que sirva de base para negociar después con el resto de formaciones que el pasado junio apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura que le dio acceso a La Moncloa.

En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló esta semana que la negociación con Unidos Podemos está “terminando” y ya ha adelantado varios de los acuerdos alcanzados en materia fiscal. Entre ellos, se encuentra el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (18% en el caso de bancos y empresas de hidrocarburos); un impuesto a las transacciones financieras; un impuesto a las grandes empresas tecnológicas; la reducción del IVA de los artículos de higiene femenina del actual 10% al 4%; y la subida del impuesto al diésel para equipararlo con la gasolina.

CAMBIOS IRPF

Un punto todavía pendiente del paquete de medidas fiscales es el relativo al IRPF, aunque Montero apuntó que el acuerdo también está “prácticamente cerrado”. En concreto, la intención del Gobierno es establecer un nuevo tramo impositivo para las rentas superiores a los 140.000 euros anuales, con un aumento de cuatro puntos en el tipo impositivo, aunque según fuentes de Hacienda el Ejecutivo estudia la posibilidad de crear otro tramo superior más para hacer dicha subida “más progresiva”.

El objetivo del Gobierno y de su principal socio parlamentario es asegurar un aumento de la recaudación que permita a su vez una mayor previsión de gastos en las cuentas de 2019, con independencia de que finalmente logren la aprobación de una nueva senda de estabilidad que, según el Gobierno, permitiría, al relajar el objetivo de déficit de 2019 del 1,8% fijado por el Gobierno de Mariano Rajoy a un 2,3%, un gasto adicional de 6.000 millones de euros, de los que 2.500 corresponderían a las comunidades autónomas.

En cualquier caso, la intención por ambas partes es tener cerrado su acuerdo antes del 15 de octubre, fecha límite para que el Gobierno remita a la Comisión Europea su plan presupuestario de 2019, un documento que, si bien se puede modificar más adelante, servirá de esbozo para reflejar las líneas maestras del proyecto de Presupuestos que entre noviembre y diciembre se presente en las Cortes Generales.