La medida, que EEUU empezó a aplicar esta semana, resulta “discriminatoria”, a juicio del secretario general de Juventudes Socialistas, Omar Anguita, para quien, además, “atenta contra las libertades más básicas para las personas” y vulnera derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos Humanos “como es la no discriminación por motivos inherentes a la persona como raza, sexo, color, idioma o religión o cualquier otra condición”.

En la misma línea, Luis Lorente, secretario LGTBI de la organización juvenil socialista, subrayó que la Administración Trump “debería recordar que fue, precisamente, la ONU quien dictaminó que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación”. “Eso es lo que precisamente significa esta medida discriminatoria del gobierno de EEUU”, deslizó.

Por su parte, la secretaria de Política Internacional, Adriana Maldonado, señaló que, al obligar a estos diplomáticos y trabajadores de la ONU “a tener que demostrar que están casados para obtener una visa, automáticamente están obligando a aquellas personas de países en donde no existe el matrimonio igualitario a tener que elegir entre su trabajo en la ONU, o la separación familiar”

Por último, lamentó que, en la actualidad, solo el 12% de los Estados miembro de la ONU tienen legalizado el matrimonio igualitario, situación que, a su entender, “expone a las personas a un riesgo de sufrir represión en caso de volver a un país en donde la homosexualidad está criminalizada”. “Eso, sencillamente, además de ilegal, es pura maldad”, resolvió.