Entre las funciones del Ministerio Público figura la defensa de los derechos de colectivos sociales vulnerables, y está facultado para ejercer las acciones penales y civiles necesarias para llevar a cabo esta protección. Por su parte, Cruz Roja promueve la atención de las personas y colectivos "que sufren", y colabora en acciones de solidaridad y de bienestar social, con una especial dedicación a colectivos y personas con dificultades para su integración social.

Para conseguir esta finalidad, se creará una red provincial de puntos de contacto entre Fiscalía y Cruz Roja, de forma que puedan comunicarse situaciones de riesgo o abuso que puedan sufrir las personas mayores. Por parte de Fiscalía, se designará en cada provincia al Fiscal encargado de las discapacidades y tutelas. Cruz Roja designará al presidente/a provincial o persona en quien delegue.

La recomendación del año 2014 suscrita por el Comité de Ministros recuerda a los Estados miembros la obligación de promover los derechos humanos de las personas mayores, y de forma específica recuerda que aquellas personas que hayan padecido diversas formas de abuso deben recibir ayuda y apoyo apropiados.

El convenio, que tiene una duración inicial de dos años pudiendo ser objeto de prórroga, contará con una comisión de seguimiento cuyos miembros velarán por el cumplimiento de los objetivos fijados en el citado acuerdo. Este convenio será el primer acto que se publicará en la cabecera propia que el Boletín Oficial del Estado ha creado para la Fiscalía General del Estado.