Los ayuntamientos de Madrid y de Rivas han denunciado hoy tras el Consejo Económico y Social que la Comunidad de Madrid ha incumplido el acuerdo sobre el Anteproyecto de Ley de la Cañada Real, en un acto en el que comparecieron la delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez y el alcalde de Rivas, José Masa.

Los ayuntamientos de la región, la Comunidad de Madrid y la delegación de Gobierno tuvieron un principio de acuerdo que se explicitó en un borrador, con el que estuvieron todos de acuerdo, pero ese borrador ha sido modificado en la presentación que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al Consejo de Gobierno madrileño.

José Masa mostró su disconformidad en un punto que formaba parte del consenso político alcanzado el 7 de julio: la desafección de la Cañada Real sin poner previamente el tema de la necesidad de abordar el tema social. Además, señaló que si Aguirre no cambia el texto en ese punto que hace referencia a cómo se tramita el proceso, “nosotros no podemos suscribir el acuerdo, no salimos de él, y por tanto rechazamos por engaño lo que ha sido el texto definitivo”.

“Advertimos a los posibles compradores que haremos todo lo que, desde el punto de vista de la competencia municipal del Ayuntamiento de Rivas, impida que esos suelos que se trasfieran, que se vendan o que se regalen puedan ser urbanizados y construidos. La gente sólo comprará zonas verdes”, indicó Masa.

También quiso recordar a la Comunidad de Madrid que el realojo social, la integración de los excluidos sociales, es “el problema más importante que tiene esta problemática de la Cañada Real y que es todo competencia de la comunidad”.

“Esperanza Aguirre va a ser la responsable de que se retrase, se incremente, se incone y que el problema de la Cañada Real acabe convirtiéndose en algo ya mucho más grave de lo que es hoy mismo”, sentenció.

EL PROBLEMA SE AGRAVA

Este nuevo anteproyecto permite, entre otras cosas, que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta de los suelos ocupados sin acuerdo social previo. Por ello, Pilar Martínez explicó que lo que se está haciendo con esto es “agravar el problema, un problema de una ocupación de dominio público, ocupación ilegal a lo largo de 40 años, un problema medioambiental, un problema de pobreza y exclusión social, un problema de inseguridad ciudadana y un problema urbanístico”.

Además, consideró que lo sensato sería “retomar ese acuerdo, si no esto sería inviable”. “Esta ley no va a resolver nada, lo que va a hacer es agravar el problema de exclusión social, de actividad económica irregular, medioambiental, de ocupación de bienes de dominio público de manera ilegal y de ausencia de respeto al Estado de derecho”, comentó.